Con ley de Caducidad, no hay justicia en Uruguay

Por Gonzalo Ortiz

HAVANA TIMES, 17 nov. (IPS) — “Lo fundamental es que se anule la ley de Caducidad” de Uruguay, planteó a IPS el laureado poeta argentino Juan Gelman, tras cerrarse este martes en esta capital las audiencias ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de su nuera y el secuestro de su nieta.

Es esa ley la “que ha impedido hasta ahora que se investigue, responsabilice y castigue a los culpables de estas y otras atroces violaciones de los derechos humanos”, aseguró el escritor, que acompañó a su nieta, María Macarena Gelman, en la demanda interpuesta contra Uruguay por la desaparición forzada de su madre.

Sin esa derogación “continuará la impunidad que ha reinado estos 25 años en Uruguay. Nadie ha sido sentenciado en firme (en ese país), nadie. Y el Estado sabe quiénes son los culpables, lo conoce”, subrayó Gelman.

“Envié en 1999 al entonces presidente (Julio María) Sanguinetti, una carta con 24 nombres de presuntos responsables. Y él no hizo nada, y nadie ha hecho nada, y las cosas están como están”, añadió. Sanguinetti gobernó Uruguay en dos periodos: 1985-1990 y 1995-2000.

Su tono, de indignación y hastío, contrastó con la ecuanimidad cansada con que Gelman participó en los dos días de audiencias del caso, que integra el 42 período extraordinario de sesiones de la Corte Interamericana, realizadas en Quito hasta este miércoles 17 por invitación del gobierno ecuatoriano.

El juicio es sobre la desaparición forzada de su nuera, María Claudia García, el secuestro y cambio de identidad de su nieta y la denegación de justicia y reparación, que reclama Macarena Gelman, hallada finalmente en el año 2000, tras ser criada en Uruguay por un inspector de policía y su mujer como si fuera su hija.

Ella confesó a IPS que “por primera vez el tema ha podido ser visto desde todas las miradas.  Aunque falten los alegatos finales por escrito y la sentencia de la corte, hemos dado un paso fundamental. Y en ese sentido me siento satisfecha”.

Durante su testimonio narró cómo hace 10 años, la que creía su madre le contó la verdad y le dijo que su verdadero abuelo la buscaba y quería contactarla. Quien había funcionado como su padre había muerto meses antes.

El encuentro se dio y la historia se hizo pública en febrero de 2000.  Aunque no se sabía aún el paradero de la nieta, el caso ya era conocido por las cartas que Gelman había enviado a Sanguinetti en 1999 y que despertaron una oleada de solidaridad internacional, expresada en decenas de miles de cartas de intelectuales, artistas y ciudadanos de todo el mundo.

Eso también dio la pista para ubicar a Macarena, cuando una vecina del barrio donde vivía contó como la pareja había recibido en 1977 una niña en una canasta. “Un estudio de ADN comprobó con un 99,999997% de certeza que era mi nieta”, recordó el abuelo.

“Destaco y celebro que el Estado uruguayo haya reconocido en esta audiencia su responsabilidad y haya declarado estar dispuesto a cumplir la sentencia que emita la Corte, pero la posición del Estado ha sido confusa, parcial y no satisface para nada lo que estamos reclamando en este juicio”, añadió Macarena Gelman a IPS.

En los alegatos finales verbales, el representante del Uruguay, Carlos Mata, aceptó la responsabilidad del Estado uruguayo en la violación de los derechos humanos de García, quien consta como desaparecida, y de su hija, “durante el gobierno de facto que rigió en el Uruguay del 27 de junio de 1973 hasta el 28 de febrero de 1985”.

Puntualizó que Uruguay ya lo había reconocido por la ley 18596 de 2009. Su primer artículo reconoce el quiebre del estado de derecho, el segundo la responsabilidad en homicidios y desaparición de personas, prácticas sistemáticas de tortura, secuestros y cambio de identidad, y el tercero la reparación integral por la acción u omisión del Estado.

“Es satisfactorio que Uruguay haya dictado esa ley, pero es insuficiente. El gran impedimento es la Ley de Caducidad que somete al poder judicial al poder político y coarta el recurso efectivo a la verdad y la justicia”, dijo a IPS Ariela Peralta, que conduce el equipo de abogados del caso.

La ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado establece que éste no enjuiciará a los uniformados (militares y policías) acusados de cometer crímenes contra la humanidad durante los años de la dictadura, entre 1973 y 1985.

Aclara que deben ser investigados los casos de detenidos-desaparecidos y los niños y niñas secuestrados. Pero si hay uniformados responsables no podrán ser procesados.

Las intervenciones de los Gelman, abuelo y nieta, y de la testigo Sara Méndez, también presa y torturada en Automotores Orletti en Buenos Aires y luego en Montevideo, sobre lo que supo del caso de la presa embarazada y más tarde de la criatura que había nacido en el Hospital Militar, conmovieron los asistentes, más de 1.500 repartidos por tres salas.

Gelman relató que estaba exiliado en Roma en 1976 y trabajaba en la agencia internacional Inter Press Service (IPS) cuando recibió la noticia de que su hijo Marcelo, de 20 años, y su nuera María Claudia habían sido secuestrados en Argentina, por agentes de la dictadura de ese país (1976-1983).

Más tarde supo que Marcelo fue asesinado en octubre de ese año con un disparo en la nuca y su cuerpo hallado años más tarde en un tambor relleno de cemento.

En cambio, su nuera, de 19 años y con un embarazo de siete meses, fue primero llevada al campo de concentración bonaerense de Automotores Orletti, por donde pasaron decenas de uruguayos y chilenos, y en octubre de 1976 trasladada a Uruguay por personal militar de este país e internada en un centro de detención ilegal de Montevideo.

Tras dar a luz, Garcia fue asesinada a comienzos de 1977 por un oficial de policía, según las investigaciones adelantadas por Argentina.

Gelman detalló sus intentos para que el segundo gobierno de Sanguinetti se interesara en la investigación, que él había adelantado con la red de víctimas y familiares de víctimas de las dictaduras argentina y uruguaya, y de los continuos tropiezos encontrados, lo que le llevó a presentar el reclamo a la justicia.

Solo en 2008, después que se cerraron inopinadamente dos causas anteriores, quedó abierta un proceso en un tribunal penal uruguayo, pero sin avances hasta ahora, relató el escritor. “Estoy convencido de que existe un tejido civil-militar-judicial que impide el adelanto de las investigaciones y el descubrimiento de los culpables”, afirmó.

“En 11 años de gestiones ante gobiernos uruguayos y la justicia de ese país, no he logrado saber cuál fue la verdad sobre el destino de mi nuera”, dijo al finalizar su alegato.

“Por eso espero que esta Corte consiga de alguna manera dentro de sus potestades que el gobierno uruguayo termine con la Ley de Caducidad. Que esta Corte me ayude a mi nieta y a mí a hacer el duelo, pues a estas alturas la incertidumbre y la sistemática denegación de la justicia para mi es insoportable”.


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