Bolivia: Carretera del Tipnis entre desarrollismo y Buen Vivir
Por Franz Chávez
HAVANA TIMES, 23 agosto (IPS) — La falta de un reglamento para consultar a los pueblos nativos de Bolivia sobre iniciativas que afecten sus territorios está en el corazón del conflicto por una carretera para facilitar el tránsito desde Brasil, que pone a prueba la institucionalidad indígena boliviana.
El entusiasmo del gobierno de Bolivia con corredores viales para el tránsito de mercadería brasileña al océano Pacífico enfrenta críticas de intelectuales y de indígenas que marchan desde la Amazonia hasta la sede de gobierno en La Paz.
Según el diagnóstico del gobierno, exportadores brasileños, argentinos y paraguayos desean atravesar el territorio de este país de 1,09 millones de kilómetros cuadrados en el centro de América del Sur, para alcanzar puertos de Chile y Perú y, desde allí, cruzar el Pacífico para llegar a China.
Uno de esos corredores tiene rumbo sur-oeste, para unir Brasil con Chile. El presidente Evo Morales está convencido de que “si no lo hacemos ahora, otros proyectos no van a salir a flote”, dijo a IPS el secretario general de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), Antonio Mullisaca, un profesional de la pedagogía dedicado ahora a planes viales de integración.
Sobre su mesa de trabajo y debajo de un cristal, se extiende un mapa de colores donde las carreteras corren como venas cruzando territorio boliviano de este a oeste.
El gobierno busca facilitar el tránsito desde el estado brasileño de Rondônia a Puerto Ustárez -sobre el río limítrofe Iténez, en el noreste de Bolivia- por un corredor que pasaría por Trinidad, el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) y Cochabamba para continuar por rutas troncales hasta Tambo Quemado, paso fronterizo con Chile en el extremo occidental.
La extensión de ese corredor es de 1.402 kilómetros. El trazado de una de las carreteras que lo conforman, de sólo 306 kilómetros, para unir Villa Tunari, en el central departamento de Cochabamba, con San Ignacio de Moxos, en el norteño Beni, parece un pequeño segmento en relación al resto.
Sin embargo, su significación es enorme. Unir esos dos puntos requiere hoy desviarse hacia la oriental ciudad de Santa Cruz de la Sierra e insume 16 horas de automóvil. Con la nueva carretera se haría en solo cuatro.
Además, el tramo II de la carretera, de 177 kilómetros, atravesaría el Tipnis, un santuario natural de algo más de un millón de hectáreas que es propiedad colectiva de unas 15.000 personas de tres pueblos indígenas: moxeños, yurakarés y chimanes.
“Nuestros derechos no se negocian”, dijo a IPS el portavoz de las comunidades del Tipnis, Adolfo Moye, desde San Ignacio de Moxos, donde la marcha de unos mil indígenas hizo un alto en su recorrido hasta La Paz.
La decisión de los manifestantes es rechazar cualquier trazado que pase por el parque, pero bordear el territorio alargaría la carretera a 848 kilómetros.
El costo del proyecto, a cargo de la constructora brasileña OAS, es de 415 millones de dólares, financiados en 80 por ciento mediante un préstamo de 332 millones que otorgó a Bolivia el estatal Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES), mientras el 20 por ciento restante es devengado por el gobierno boliviano.
“Si (Brasil) da el crédito es porque tiene interés”, afirmó Mullisaca.
Para este año, el presupuesto boliviano destinado a carreteras es de 500 millones de dólares, la tercera parte de la asignación anual para obras públicas, y los créditos siguen llegando por cientos de millones de diversas fuentes, describió.
Pero esta iniciativa contraviene postulados de la Constitución, en vigor desde 2009, que otorgó amplios derechos a los indígenas, afirman los críticos.
También se violarían normas del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que declaran el Tipnis como “inalienable, indivisible e irreversible”, dijo a IPS el investigador en temas jurídicos Franz Barrios.
Hay otros instrumentos violentados, de acuerdo con Barrios: la Ley Forestal, la Ley del Medio Ambiente, el Reglamento de Áreas Protegidas, el Decreto Supremo 22.610 que reconoció el territorio indígena, el Código Penal y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas sobre acciones que afecten sus territorios.
“El gobierno y los sectores interesados en promover el nombrado ‘desarrollo’ parecen no comprender los contenidos y los alcances de la Constitución”, dijo a IPS el sociólogo Raúl Prada, quien participó de la redacción de la carta magna.
El concepto indígena del Buen Vivir -reconocido constitucionalmente- plantea una forma de vida en armonía con los ecosistemas, contrapuesta al principio occidental del crecimiento económico sostenido.
El diseño final del tramo II requiere que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas entregue a la ABC una licencia ambiental, tras un Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental que todavía no se llevó a cabo.
Con un mapa en la mano, Mullisaca alegó que en los últimos años vías informales de acceso al Tipnis lo penetraron de tal manera que sólo queda un trecho de 50 kilómetros sin conexión caminera.
Esto obedece a la colonización ilegal de cultivadores de coca, demostrativa de que las normas de protección de recursos naturales no se cumplen, un argumento más para abrir la carretera y concertar entre todos la forma de preservar el territorio, alegó.
El funcionario de la ABC propuso, entre otras medidas, compartir con las comunidades las utilidades por el tránsito de vehículos y carga y establecer una gestión ambiental del Tipnis.
Pero lo medular es la consulta previa a los indígenas, que debería realizarse de manera transversal al trámite de licencia ambiental, aunque todavía no está reglamentada, dijo a IPS el abogado Waldo Albarracín, exdefensor del Pueblo.
Varios artículos constitucionales consagran este derecho, cuyo resultado es de cumplimiento obligatorio, además del Convenio 169 y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que tiene rango de ley, explicó Albarracín.
El Estado está obligado a cumplir la Constitución, y, en ausencia de una norma inferior, la superior no se vuelve inviable, sostuvo. La ABC es la encargada de convocar la consulta con un procedimiento que respete usos y costumbres indígenas, describió.
El presidente Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera instaron a dialogar a los indígenas del Tipnis, pero mediante reuniones convocadas por las autoridades con sus dirigentes y sin detener las obras del tramo I que ya comenzaron.
Según Albarracín, anteriores consultas a indígenas para proyectos mineros se realizaron “con procedimientos discrecionales”.
Él mismo asesoró a la organización nativa de las tierras altas, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu en la redacción del Anteproyecto de Ley Marco de Consulta Previa a las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, que fue presentado al parlamento.
Allí se establecen procedimientos para la consulta previa de carácter vinculante para toda acción que pueda afectar derechos e intereses indígenas, desde medidas legislativas y administrativas hasta cualquier proyecto de infraestructura o explotación de recursos naturales.
Pero en la actual confrontación entre gobierno e indígenas, Albarracín no cree en una rápida aprobación.
Según Prada, la carretera forma parte de la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA), que reforzó la presencia brasileña en sectores como el petróleo, la energía hidroeléctrica y la construcción, ante una actitud de “supeditación del gobierno boliviano”.
Mientras, la carretera divide a los actores locales, pues cocaleros y algunos sindicatos la defienden y la consideran un factor de desarrollo.
DECLARACIONES LIGERAS Y DESINFORMACION (Parte I)
Marco Octavio Ribera Arismendi
Biólogo y ecologista Agosto 2011
En relación a la problemática del camino que el gobierno impulsa al interior del TIPNIS, se han vertido en las últimas semanas varias declaraciones por parte las más altas autoridades del Estado plurinacional, así como de voceros y asambleistas del MAS, e incluso dirigentes de la colonización, todas en un intento de justificar el proyecto desarrollista y de desvirtuar la resistencia del movimiento indígena y las organizaciones ambientalistas. Las declaraciones oficiales que se comentan, son ligeras, desaprensivas y poco meditadas, por tanto tergiversan la verdad y ocasionan una total desinformación y confusión en gran parte de la sociedad. Tampoco los medios de prensa, realizaron un debido seguimiento en torno a la consistencia y veracidad de las declaraciones y afirmaciones vertidas por los dignatarios y voceros de gobierno o sectores, lo cual agudiza el problema.
En cuanto a algunas de estas declaraciones, queda por demás evidente la escasa coordinación entre los diversos niveles del poder ejecutivo, es más, se observa una falta de asesoramiento hacia los máximos poderes del Estado, por parte del Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, en especial a partir de uno de sus Viceministerios que funge como Autoridad Ambiental Competente del país y que se supone maneja dichos temas. En otros casos se evidencia la ausencia de un asesoramiento eficaz en el área económica o de desarrollo.
A continuación comento algunas de estas poco afortunadas declaraciones:
1. Palabras del Vicepresidente A. García Linera, citado en un libro sobre el “oenegeismo” recientemente publicado y en referencia al proyecto caminero en el TIPNIS: “Los caminos son importantes para el desarrollo, si alguien llegaría a oponerse al camino Tarija-Sucre, lo sacarían montando en un burro”.
La comparación es absurda, por no decir descabellada. No se puede comparar una ruta troncal nacional que conecta dos capitales de departamento, con a ruta que partirá en dos el TIPNIS. Para empezar, la ruta Tarija-Sucre, no cruza ninguna área protegida, tampoco una TCO, donde vivan tres grupos étnicos vulnerables por su condición de minoría cultural. Dicha ruta tampoco afecta elevados valores de biodiversidad. A diferencia de la vía en el Beni, la ruta Tarija-Sucre conecta multitud de poblaciones y comunidades y finalmente su trazo sigue en gran parte la ruta mayor ya…
Asunto: NO HAY VUELTA DE HOJA
Opinión: El gobierno de Morales tiene toda la razón. No es cuestión de consultas, alteración de planificación, trazados etc. es cuestión de emergencia. No se hace estudio de factibilidad, se diseña una carretera transnacional, se tramita créditos, se los obtiene para luego cambiarlos espérando \”acuerdos\”. \”Las tareas de diseño final y construcción fueron adjudicadas a la constructora brasileña OAS Ltda. en agosto del 2008 mediante un proceso de licitación “llave en mano” por $us 415 millones, de los que 332 (80%) financia el Banco de Desarrollo Económico y Social del Brasil y solo 20% Bolivia\”NO HAY ALTERNATIVA PARA LA RUTA POR EL TIPNIS\” DICE EVO MORALES El país debe concienciarse de esto. NO HAY VUELTA DE HOJA.
UN POCO DE FICCION…. (..o algo que hubiera podido ocurrir…)
Marco Octavio Ribera Arismendi
Biólogo y ecologista
Corre el año 2002 y el gobierno de derecha en ejercicio, ha aprobado el proyecto carretero que atravesará el Parque Nacional y TCO indígena – TIPNIS, obra a desarrollarse bajo financiamiento a crédito del gobierno del Brasil y con adjudicación a la empresa brasilera OAS, para la construcción de la vía bajo la modalidad “llave en mano”. Ante esta situación, la Subcentral Indígena del TIPNIS y la regional CIDOB establecieron una plataforma de resistencia al proyecto vial, que determinó la realización de la marcha indígena por la defensa del TIPNIS, la cual partió desde Trinidad con rumbo a la ciudad de La Paz. El Presidente Constitucional del gobierno neoliberal, afirmó que el camino se construirá “quieran o no quieran los indígenas”. La marcha indígena fue frenada por un grupo de choque de simpatizantes leales al gobierno en la población beniana de Yucumo y un cerco policial, que además de impedir el paso de los marchistas indígenas, cortó el acceso a las fuentes de agua de los ríos locales.
Ante esta deplorable situación, el activista y miembro de la Asamblea de los Derechos Humanos, Sacha Lorenti, calificó, como criminal y genocida, las acciones del gobierno y del Ministerio de gobierno, en especial reprochó la actitud de la Policía de impedir el acceso al agua a los marchistas. También observó como nefasta la acción de criminalizar la justa protesta social
Por su parte el representante de la organización CEJIS, Carlos Romero, deploró la política represiva y policial del gobierno, que atenta de forma flagrante contra los derechos los pueblos indígenas y promueve el enfrentamiento entre los bolivianos, al instigar una contramarcha.
También el líder del reciente partido Movimiento al Socialismo MAS, Evo Morales, criticó la actitud arrogante y soberbia del Presidente de la república, además de pedir un esclarecimiento sobre los contratos y créditos realizados con el Brasil, y sostuvo que realizará una representación ante las Naciones Unidas, sobre lo que considera una atentado contra la Madre Tierra y los pueblos indígenas.
Finalmente, el activista de izquierda y miembro de la organización Comuna, Álvaro García Linera, se pronunció acremente sobre el proyecto vial, al cual considera una intromisión de la potencia continental y una muestra más del avance del capitalismo en contra de los intereses y la soberanía de los pueblos.