Amenazada radio salvadoreña, con intereses mineros de fondo

Por Edgardo Ayala

HAVANA TIMES, 10 junio (IPS) — Manuel Navarrete mueve clavijas y ajusta el volumen en la consola de sonido de Radio Victoria, una emisora comunitaria enclavada en el centro de El Salvador, mientras lee al micrófono el último comunicado en que organizaciones sociales se solidarizan con sus periodistas amenazados de muerte.

“Mis padres me dicen, hijo, qué hacés allí, podés buscar otro empleo, y esas amenazas me dan indignación, y a la vez fuerza porque sabés que estás haciendo un buen trabajo a favor de las comunidades”, dijo Navarrete a IPS.

En 2006 el personal de Radio Victoria comenzó a recibir amenazas de muerte, que se repitieron en 2009 y se multiplicaron este año, a través de llamadas telefónicas, correos electrónicos y cartas, por un grupo autodenominado “Exterminio”.

En los mensajes se les exige “cállense o aparecerán podridos (muertos)”, aunque sin especificar sobre qué tema deben guardar silencio.

Pero los trabajadores de la emisora consideran que las amenazas buscan silenciar su línea editorial, muy crítica con los proyectos mineros en El Salvador, en especial el que encabeza la empresa canadiense Pacific Rim Mining Corp (PacRim) en el central departamento de Cabañas.

En 2002, la filial de la transnacional canadiense, Pacific Rim El Salvador, comenzó a desarrollar labores de exploración en el yacimiento de oro y plata de El Dorado, pero en 2008 el gobierno le negó el permiso de explotación, en un antecedente de decisiones similares para otros proyectos en manos de 11 firmas extranjeras.

PacRim demandó al Estado por 100 millones de dólares ante el Centro Internacional de Arbitrajes de Disputas de Inversiones del Banco Mundial, con sede en Washington, en un caso aún en proceso. Mientras, sus operaciones en el país están suspendidas.

La radio se ubica justamente en Cabañas, en el municipio de Victoria, a unos 95 kilómetros al noroeste de San Salvador, y en sus reportajes explica la beligerancia contra el proyecto minero con argumentos como la contaminación del agua por el uso del cianuro en la extracción de metales preciosos.

Los periodistas Pablo Ayala, Maricela Ramos y Navarrete han sido el blanco más reciente de los ataques, mediante cartas anónimas deslizadas debajo de la puerta de la emisora, así como por correos electrónicos y llamadas telefónicas.

“En los mensajes nos insultan, nos intimidan, nos coartan nuestra libertad de expresión diciéndonos que cambiemos nuestro enfoque de producir radio, y si no, nos dan plazos para salir del lugar o de lo contrario nos van asesinar”, dijo Ramos a IPS durante una visita a la emisora la primera semana de junio.

“A mí me dicen, además, que van a asesinar a mi niña de dos años”, dijo la periodista de 25 años, que tres días después abandonó el país por razones de seguridad.

Las radios comunitarias comenzaron a surgir tras finalizar en 1992 la guerra civil de 12 años, como un esfuerzo para dar voz a las comunidades más pobres del país. Las emisoras fueron a su vez fuente de información desligada de los intereses comerciales y políticos que salpican a los medios tradicionales.

Unas 20 radios comunitarias están organizadas en la Asociación de Radios y Programas Participativos de El Salvador y llegan a todo el país, el más pequeño de América Central, con una población de 6,7 millones de habitantes.

Además del tema ambiental, la agenda periodística de Radio Victoria incluye temas sociales, como derechos humanos, mujeres, infancia, junto con el tema político, que comienza a encenderse por las elecciones legislativas y municipales de 2012.

La cobertura crítica que Radio Victoria realiza sobre la ineficacia de algunos alcaldes de la zona, lleva a sospechar que las amenazas pudieran provenir también de sectores políticos denunciados.

La policía no ha informado sobre por dónde orienta sus investigaciones.

En 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó que el Estado brindara protección a las instalaciones de la radio y a algunos de sus periodistas, en una resolución que recordó que en Cabañas se produjeron entre junio y diciembre de 2009 tres asesinatos, vinculados con la controvertida actividad minera

La primera víctima fue el líder comunitario Marcelo Rivera, quien pertenecía a la Mesa Nacional contra la Minería Metálica. El activista fue secuestrado y su cuerpo apareció días después con evidencias de tortura.

Después siguieron los asesinatos de Ramiro Rivera Gómez (sin vínculos familiares con Marcelo Rivera) y Dora Alicia Sorto. Ambos eran parte del Comité Ambiental de Cabañas y fueron exterminados con fusiles M-16.

Para Radio Victoria, otros medios informativos y organizaciones sociales, los tres asesinatos se vincularían con la decisiva acción de los muertos contra la mina El Dorado.

Los tres activistas habían recibido previamente amenazas de muerte en que se les exigía que desistiesen de sus denuncias contra los impactos para el ambiente y la salud humana del proyecto minero.

Pero las autoridades policiales vincularon los crímenes de Rivera Gómez y Sorto a rencillas familiares que, eso sí, surgieron por enemistades entre quienes apoyan y adversan el proyecto de PacRim. En julio del 2010, la policía detuvo a nueve personas acusadas de participar en los asesinatos.

Las instalaciones de Radio Victoria están resguardadas por agentes de la policía, pero sus trabajadores tienen prevenciones sobre ellos.

“No confiamos en quienes nos cuidan. La minería está ligada a los poderes locales. No confío en la policía de aquí”, dijo Ramos, quien recordó que una de las notas amenazantes fue introducida en la emisora en horas en que sus instalaciones debían tener vigilancia policial.

El periodista Óscar Beltrán, coordinador de la emisora, tiene protección policial permanente y recela de sus custodios. “Nos llevan una bitácora de cada cosa que se hace durante el día, incluso con la gente que nos reunimos y algunos nos han dicho que si las amenazas fueran ciertas, ya hubiesen asesinado a alguien de la radio”, comentó a IPS.

El procurador adjunto de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Gerardo Alegría, dijo a IPS que “si hay unas primeras amenazas contra la radio y estas no son investigadas oportunamente y no se conocen a los autores intelectuales y materiales, eso significa que está reinando la impunidad”.

“Eso ha hecho que las amenazas se repitan y lleguen a otras personas”, argumentó el responsable del área de Derechos Civiles e Individuales.

Durante los más de dos años de amenazas contra los periodistas de Radio Victoria, la Fiscalía General, encargada de las investigaciones, nunca ha emitido un informe sobre el origen de los mensajes.

La situación de la radio comunitaria sí ha despertado la solidaridad internacional, además de la local. En mayo, por ejemplo, Reporteros Sin Fronteras demandó desde su sede en Paris que se agilicen las investigaciones y se incremente la vigilancia, para acabar con las amenazas del anónimo “grupo de exterminio” y garantizar la seguridad de los periodistas.


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