Álvaro Uribe, retrato de un adiós

Por Constanza Vieira y Helda Martínez

HAVANA TIMES, 5 agosto (IPS) — El presidente de Colombia, Álvaro Uribe, terminará este sábado dos mandatos consecutivos con 75 por ciento de popularidad y un espaldarazo internacional clave, al ser designado esta semana por la ONU para integrar el panel investigador del ataque israelí a una flotilla humanitaria con destino a Gaza.

“Mano dura, corazón grande” fue el lema de su exitosa campaña que lo llevó por primera vez al gobierno en 2002, montado en la frustración de un nuevo intento de paz con las guerrillas izquierdistas.

Además de la guerra sin cuartel, el lema que demostró a diario durante ocho años fue “trabajar, trabajar y trabajar”. Los colombianos vieron por primera vez a un presidente que recorría el país. Su cultivada imagen de hombre “sincero” y “directo” convenció a muchos de que se trataba del mejor gobernante de la historia colombiana.

Obtuvo su segundo mandato valiéndose de métodos, considerados ilegales, ejecutados por terceros, camino que intentó repetir para un tercer mandato hasta que la Corte Constitucional le atajó el paso. Su gran argumento fue siempre su popularidad, cuyo nivel más bajo rondó 64 por ciento de los consultados.

Uribe sale en medio de escándalos y sus más feroces críticos se solazan trazando paralelos con Alberto Fujimori, quien tras gobernar Perú de 1990 a 2000 terminó luego condenado por corrupción y violaciones a los derechos humanos.

A pocas horas de dejar el cargo arremetió por enésima vez contra la justicia, que está actuando frente a parientes suyos y sus aliados políticos.

Su gobierno recurrió a fondos reservados de seguridad para espiar a los magistrados de las cortes de justicia, defensores de derechos humanos, opositores y periodistas, según confesó un ex alto funcionario de la agencia de inteligencia DAS.

Su presión por resultados militares y su política de recompensas llevaron a los “falsos positivos”, como son llamados los asesinatos de civiles para reportarlos como guerrilleros muertos en combate. Estos casos encabezan el lastre más notorio de su mandato: los derechos humanos.

Paradójicamente terminó fortaleciendo los argumentos de la guerra que enfrentó militarmente, pues entregó a las más ricas familias los jugosos subsidios Agro Ingreso Seguro, diseñados para auxiliar a los sectores afectados por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, que finalmente no se concretó.

En el balance internacional sobresalen las relaciones rotas con Ecuador, tras bombardear un campamento temporal de las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en ese país para evitar la negociación internacional en un caso de toma de rehenes con uno de sus jefes. También con Venezuela, tras acusar al gobierno de Hugo Chávez de albergar guerrillas en su territorio.

Con financiación extranjera amplió la presencia militar, mejorando la percepción de seguridad.

Reorganizó las Fuerzas Militares, que conquistaron y mantienen el control de los centros económicos clave, incluyendo las principales carreteras y poco más de 60 por ciento de la población.

Según el Observatorio del Conflicto Armado de la Corporación Nuevo Arco Iris (CNAI), Uribe redujo en 40 por ciento la fuerza guerrillera, aunque resta aún por recuperar la mitad del territorio de 1,1 millones de kilómetros cuadrados.

Los combates se trasladaron al territorio restante, que antes no presentaba mayor intensidad bélica, y afectan a 40 por ciento de la población.

“En general, las FARC mantienen su capacidad militar y la fuerza pública consolidó su control sobre el centro del país”, según CNAI.

Casi duplicó el pie de fuerza, que supera los 445.000 efectivos. El gasto en Defensa se situó en 3,2 por ciento del producto interno bruto, según el Departamento Nacional de Planeación, o en seis por ciento, según analistas independientes.

Mientras la fuerza pública se concentró en combatir a las FARC, florecieron otros grupos ultraderechistas irregulares.

La CNAI advirtió a fines de 2009 que, nuevamente, el longevo conflicto armado está empantanado. El tratado que abre las bases colombianas a Estados Unidos muestra la intensión de solucionar la guerra interna colombiana militarmente.

“Las elites locales económicas y políticas siguen utilizando grupos ilegales para mantener o expandir sus capitales”, sentencia el analista de CNAI Ariel Ávila.

Entretanto, la gran preocupación es la inseguridad urbana, probablemente relacionada con la desmovilización de miles de paramilitares.

Uribe social

“El asistencialismo, en contra de la aplicación real de los derechos económicos y sociales fue característico de ocho años de gobierno de Uribe”, dijo a IPS Enrique Daza, director del no gubernamental Centro de Estudios de Trabajo.

“El presupuesto público lo repartió de pueblo en pueblo como si hiciera favores, en los Consejos Comunales televisados de los sábados, para mantener su imagen”, explicó.

“Similar comportamiento se observó con el programa Familias en Acción”, agregó, programa que entrega mensualmente unos 40 dólares a casi 2.000 de ancianos y jefas de familia.

Sin embargo, el desempleo en julio fue de 12,1 por ciento de la población económicamente activa, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas. “El más alto en América Latina”, dijo Daza.

Las reformas, laboral y del sistema de pensiones restaron pago de dominicales y extras, y se aumentaron las condiciones para acceder al retiro.

En salud, “la atención es una catástrofe, de pésimo servicio para los usuarios, pero deja 30 por ciento de ganancias a los operadores privados”, agregó Daza.

El gobierno reconoce que 10,5 millones de los 45 millones de colombianos carecen de seguro de salud. Y la pobreza es alta.

Estadísticas oficiales admiten que 20,5 millones de colombianos son pobres y 7,9 millones indigentes. El presidente saliente responsabiliza a “la crisis mundial y las discrepancias con Venezuela” de esa situación.

La desmovilización y la verdad

La elite colombiana encargó a Uribe, en 2002, poner límites a ejércitos paramilitares salidos de madre, mientras el país observaba el fracaso en el diálogo con la guerrilla, que se extendió de 1999 a febrero de 2002).

La negociación para desmovilizar el brazo armado del paramilitarismo fue secreta y produjo una ley diseñada por el gobierno: los irregulares confesarían los delitos que quisieran y cumplirían un máximo de ocho años de pena, en fincas acondicionadas.

Pero la Corte Constitucional impuso la “verdad completa” y cárcel común.

La medida generó en un lustro una avalancha de confesiones que el sistema no está en capacidad de procesar, según Michael Reed, del Centro Internacional para la Justicia Transicional

“El 98 por ciento de los desmovilizados han quedado en la impunidad”, afirmó Gustavo Gallón, director de la Comisión Colombiana de Juristas.

Con todo, se han recuperado 3.299 cuerpos enterrados en fosas comunes, y conocido la ubicación de otros 2.000.

Los autores intelectuales permanecen ocultos, aunque la Corte Suprema de Justicia avanzó en demostrar que el paramilitarismo es una estructura organizada de poder cuyas acciones constituyen crímenes de lesa humanidad, por su carácter sistemático y generalizado.

Hoy no hay una sola sentencia ejecutoriada. Pero el gobierno exhibe una importante reducción de homicidios.