Los representantes del pueblo
HAVANA TIMES, 4 agosto — Los periodistas extranjeros no fuimos invitados a la última sesión del parlamento cubano, que se celebra cada 6 meses. De todas formas no hubo noticias sorprendentes, a nadie le cabía la menor duda de que aprobarían los lineamientos elaborados por el Partido Comunista.
Tampoco los diputados se mostraron demasiado inquisidores con los informes presentados por los funcionarios del gobierno. No vimos por la TV a nadie cuestionando los balances de los ministerios, ni siquiera en los casos de reincidentes fracasos.
Por el contrario, oyeron impasibles eso de que existen causas objetivas y subjetivas y se está trabajando duramente para superar estas últimas. Sin embargo, pasan los días, los meses, los años, cambian los ministros y algunos problemas siguen ahí, intactos.
Esto a pesar de que el vicepresidente José R. Machado dijo en el pleno del Comité Central que “no se aceptarán autocríticas cuando estas sean no más que puras justificaciones; tampoco se admitirán compromisos que pasan de un año a otro y no se cumplen.”
Por eso me sorprenden algunos de los informes presentados por los ministerios a los diputados. Pienso en el balance de la agricultura que sigue sin levantar cabeza a pesar de ser una prioridad, tanto por razones económicas como de seguridad nacional.
Los campesinos saben cómo resolver los problemas
Cuando uno oye los informes puede creer que se trata de una tarea excesivamente complicada pero en realidad no lo es tanto, cualquier campesino sabe cuáles son los problemas que se enfrentan en el campo y cómo resolverlos para producir más y mejor.
El primer obstáculo que todos mencionan es la existencia de una burocracia tan grande y poderosa como ineficiente tomando decisiones por sobre los guajiros, diciéndoles qué sembrar, cómo hacerlo, en qué tierras, cómo distribuirlo y cuánto cobrar por ello.
Un tabaquero me contaba no hace mucho que en Pinar del Río les ordenaron centralizar todos los semilleros y prohibieron a los campesinos crear los suyos propios, iniciativa gracias a la cual se propagó con más facilidad una plaga por toda la provincia.
Hay que ser optimista y apostar a que algún día, en una de estos encuentros semestrales, los diputados alzarán la voz para cuestionar a los dirigentes incapaces, los interpelarán y, si lo amerita, pedirán su destitución, sin esperar a que lo proponga el Presidente o el Partido.
Un dirigente no tiene por qué ser llevado a prisión por incapaz pero tampoco es necesario esperar años de desaciertos para sustituirlo. Un buen ejemplo son los costos y el daño que semejante paciencia provocó en la industria del níquel.
Me cuesta creer que no haya en la Asamblea parlamentarios de la región de Moa, gente ligada a la producción niquelífera que pudieran haber enfrentado a la ministra y denunciado lo que ocurría antes de que las cosas llegaran a los grados que llegaron.
Es difícil que el diputado de la zona de Alta Habana desconozca que allí se construyó una central eléctrica inservible porque afecta las viviendas aledañas. Por si acaso publicamos la foto, antes de que el oxido y el pastizal la devore y se pierdan definitivamente los millones que costó.
Si el cubano de a pie debe ahorrar, trabajar y sacrificarse parece justo que se le de una explicación sobre estos despilfarros. Y son los diputados, sus representantes, quienes deberían exigirle a los ministros que evalúen los daños y delimiten responsabilidades.
Se trata de analizar a fondo cada error y, como reclama el vicepresidente Machado, explicar “por qué no se hizo lo necesario, quiénes son los responsables, qué se ha concebido para rectificar, cuáles son los resultados y en qué tiempo se resuelve la situación.”
En su lugar circula por Internet la resolución OM-863 del Ministerio de la Industria Básica -encargado del níquel y la electricidad- donde se ordena que los dirigentes del sector “no podrán coordinar trabajos con los medios (de prensa) nacionales y extranjeros sin la previa autorización del organismo central.”
Pero semejante orden no debería afectar a los diputados, ellos son representantes directos del pueblo y su deber es proteger los intereses de sus electores. Son también el contrapeso del Poder Ejecutivo, en sus manos está regular y controlar la eficiencia del gobierno.
Su papel podría ser mucho más importante en un futuro próximo cuando, tal y como se proyecta, las regiones y municipios adquieran mayor poder. Pero “sin cambiar la mentalidad no seremos capaces de acometer los cambios necesarios.” les dijo Raúl Castro a los diputados.
Es que para la institucionalización de una nación no basta con que el poder central ceda competencias, es imprescindible además que el parlamento, los municipios, los sindicatos, los tribunales y el resto de los actores sociales, den la batalla por independizarse y recuperar su verdadera identidad.