El Habeas Corpus de Gerardo Hernández

Fernando Ravsberg*

HAVANA TIMES –  La relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, Gabriela Knaul, expresó oficialmente  su inquietud por la falta de trasparencia legal y de procedimientos en los juicios contra 5 agentes cubanos detenidos en EEUU desde hace más de una década.

Al parecer la fiscalía y la jueza jugaron con cartas escondidas en la manga, impidiendo que la defensa tuviera “acceso a todas las pruebas disponibles y a los archivos documentales”. Es una violación de procedimiento tan elemental que aparece hasta en las series de TV.

Pero los desaciertos procesales no se quedan ahí, según la relatora de la ONU los Habeas Corpus presentados por la defensa son valorados “por la misma jueza que previamente estuvo a cargo de los casos”, con lo cual la convierten en juez y parte.

Para colmo de males se vislumbra la mano del gobierno de EEUU presionando a los tribunales para conseguir las condenas más duras. Antes y durante el juicio, varios periodistas de Miami habrían recibido dinero para escribir artículos contra los 5 agentes cubanos.

Realmente no parece muy legal que el Poder Ejecutivo intente influir sobre el Poder Judicial ni tampoco resulta muy ético que un periodista acepte recibir dinero del gobierno con el fin de escribir artículos para influir en el resultado de un juicio en curso.

El abogado norteamericano Martin Garbus asegura que en el periodo 1998-2001 la comunidad miamense recibió a través de la prensa escrita, radial y televisiva un arsenal de propaganda pagada por el gobierno para interferir en el proceso y persuadir al jurado.

Según Garbus, una quincena de periodistas recibieron dinero para escribir contra los 5 agentes. Al parecer algunos cobraban en secreto, ni siquiera en sus medios de prensa sabían que trabajaban para otro patrón más generoso, tanto que le pagó a uno de ellos U$D 175 000.

La Oficina de Transmisiones a Cuba del gobierno de EEUU (OCB) se vio obligada a aceptar la acusación, cuando el periodista Oscar Corral reveló que 50 de sus colegas en la Florida eran pagados por Radio Martí para hacer materiales apoyando la postura del Departamento de Estado contra Cuba.

El escándalo fue tal que el editor del mayor periódico de Miami, Jesús Díaz, despidió a varios periodistas aduciendo que no se puede “garantizar la objetividad ni integridad si alguno de nuestros reporteros o reporteras reciben compensación monetaria de cualquier entidad, en especial de una agencia de Gobierno”.

A pesar de las duras palabras del editor, la falta ético-profesional no parece haber sido considerada demasiado grave porque unos meses después algunos de esos periodistas volvieron a trabajar en la redacción como si nada hubiera pasado.

Sin duda, se han dado tantas anomalías legales y éticas que parece lógico que la Relatora de la ONU, Gabriela Knaul, mire con recelo la independencia de los jueces en este caso. De todas formas era de esperar que fuera así, teniendo en cuenta donde se realizó el juicio.

Miami es una ciudad en la que los exiliados cubanos tienen un enorme poder político, económico y mediático. Era muy improbable que obtuvieran un trato justo estos 5 agentes confesos de vigilar e informar a Cuba de las actividades de esa misma comunidad.

El ambiente de Miami sobrepasa incluso el odio a Fidel Castro y se extiende a los ciudadanos que viven en la isla. En el mayor periódico de la ciudad aparecen diatribas asegurando que cualquier acercamiento “lo tienen que construir los cubanos sumisos del interior”.

A los que describe como “los que lo han aguantado todo, los que han colaborado en todo, los que apalean a los cubanos insumisos, los que delatan a sus compatriotas, los que los torturan, los que los arrojan al mar, los que llevan cincuenta años llenando la Plaza de Fidel y aplaudiéndolo y oliéndole el culo”.

Pero parece que a Washington no le bastaba ambiente natural de la ciudad, entonces decidieron que su aparato de información oficial “quemara” cientos de miles de dólares para inflamarlo aún más y crear un incendio de grandes proporciones a través de la prensa.

En medio de ese ambiente Gerardo Hernández fue condenado a 2 cadenas perpetuas, como para garantizar que seguirá tras las rejas aún si lograse reencarnar en otra vida. Ahora su defensa reclama un juicio justo, en una ciudad desprejuiciada, sin presiones del gobierno ni campañas de prensa.

El tema preocupa incluso a las Naciones Unidas porque como expresara el abogado estadounidense Martin Garbus “cada dólar por cada artículo, imagen o programa de radio o televisión que se gastó en este programa secreto, violó la integridad del juicio”.

(*) Publicado con la autorización de BBC Mundo.