Ortega enfrentará la justicia internacional por sus crímenes

Los exembajadores José Luis Vasquez y Alejandro Bendaña en entrevista con Carlos F. Chamorro en Esta Semana. Foto: Carlos Herrera / Confidencial

 

Crisis demanda invocar ruptura de Carta Democrática, pero ¿hay 24 votos?

Demoledor informe del GIEI, que comprueba crímenes de lesa humanidad, indica que ya no se puede encontrar justicia a nivel local, advierte experto

 

Por Keyling T. Romero  (Confidencial)

HAVANA TIMES – La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo quedó expuesta a nivel internacional con el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que comprueba sus crímenes de lesa humanidad, cometidos entre el 18 de abril y el 30 de mayo de 2018, y tendrá que enfrentar las consecuencias ante los organismos internacionales, aseguran los exembajadores nicaragüenses José Luis Velázquez y Alejandro Bendaña.

“El informe del GIEI pasa a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Lo que debería proceder a continuación es que la CIDH, como fiscal que es del sistema de defensa de los derechos humanos en todo el continente, estableciera una demanda contra el Gobierno de Nicaragua en la Corte Interamericana de Justicia, que eso es perfectamente factible”, explica José Luis Velázquez, politólogo y exembajador de Nicaragua ante la OEA.

Velázquez sostiene que Nicaragua se enrumba al desenlace de la crisis humanitaria desatada tras la brutal represión oficial en contra de las protestas cívicas, ahora declaradas ilegales por el régimen, y añade que la situación económica tampoco aguantará más, mientras el Gobierno “cada vez va a estar más aislado”.

Marcha cívica para exigir justicia ante la masacre orteguista, el 30 de mayo, Día de las Madres Nicaragüenses. Confidencial | Carlos Herrera

“Después de esa denuncia, de establecer el caso en la CIDH, corresponde la convocatoria de un periodo de sesión de la Asamblea de Ministerio de Relaciones Exteriores de la OEA”, explica Velázquez, tras recordar que esta asamblea “es la misma que le dio el golpe de gracia a Somoza”, exigiendo su renuncia inmediata.

Sin embargo, el historiador y exembajador alterno en la ONU, Alejandro Bendaña, estima que le resulta “difícil concebir que convoquen (a la asamblea) cuando no tienen los votos asegurados”, un mínimo de 24, para ser exactos.

A su juicio, está por verse si la ofensiva de la Administración de Donald Trump, con la firma de la Nica Act, se ha extendido a nivel diplomático como para influir en la opinión de aquellos países que aún se abstienen de opinar o votar contra la masacre y represión orteguista en Nicaragua.

 “Si hay una convocatoria (de la asamblea), hay que ver si el texto es de carácter extraordinario. Eso significaría que sería ya”, analiza.

El presidente Daniel Ortega junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, durante la inauguración del paso a desnivel Las Piedrecitas, en Managua. EFE/Jorge Torres

Velázquez opina que “Ortega sobrevaloró su capacidad de manejar la crisis, y a estas alturas, con ese informe (del GIEI), podemos ver que se vine a revertir el discurso de golpe de Estado que ya venía circulando”.

“Lo deja completamente desnudo ante la comunidad nacional, que desde hace mucho tiempo lo ve de esa forma, y ahora (también) ante la comunidad internacional. Ortega en su plan de imponerse, porque su plan no ha sido negociar en ningún momento, llegó a este atolladero del cual va a ser muy difícil que salga”, advierte.

El mínimo de 24 votos en una reunión extraordinaria de cancilleres permitiría aplicar a Nicaragua la Carta Democrática Interamericana.

Ante el demoledor informe del GIEI, la reacción de la dictadura fue expulsar la misión un día antes de que se presentara el documento en Managua, razón por la cual el mismo se presentó al día siguiente en Washington, Estados Unidos.

El costo de negociar con Ortega

Los exembajadores nicaragüenses también advierten que los demás gobiernos del continente tendrían que cuestionarse si es ético negociar con un Gobierno que ha cometido crímenes de lesa humanidad en contra de los ciudadanos de su nación.

Daniel Ortega visita la delegación policial de Masaya en un intento de conmemorar el Repliegue. La ciudad le cerró las puertas. Presidencia | Confidencial

A juicio de Bendaña, Ortega ha demostrado que “la única lógica que sabe aplicar es la de la represión, es la de ocultar la verdad, quitándonos ahora el derecho a ser escuchados por organismos de derechos humanos nacionales e internacionales y a ser informados”, pues recordó el asalto, ocupación militar y represión contra los medios de comunicación independientes.

“Es posible que las cosas se pongan peor antes de que mejoren. Este régimen no quiere negociar”, dice Bendaña, quien espera que esto lo entiendan pronto algunos países que aún respaldan o guardan silencio ante las arbitrariedades de Ortega. El exdiplomático estima que la presión es necesaria para que “efectivamente obligue a un cambio quiera o no quiera Ortega”.

“Se tiene que buscar una salida pacífica, pero ya no puede ser con los mismos parámetros que pone una equivalencia jurídico, político, moral que simplemente no existe entre agresor y agredido, víctima y victimario.  Este informe puso a las víctimas en un papel central y les dijo ‛ustedes no tienen como apelar o buscar justicia nacionalmente, la tiene que buscar internacionalmente′”, señala Bendaña.

Aunque Nicaragua no es signataria del Protocolo de Roma, que permite la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, los expertos explicaron que el país sí es signatario de la Convención para la Prevención y la Sanción del delito de Genocidio de las Naciones Unidades contra el Genocidio, y coinciden en que en el informe del GIEI “hay un arsenal importante de elementos jurídicos para iluminar esta situación”.

Una pinta contra Daniel Ortega durante la marcha en Managua. Carlos Herrera | Confidencial.

“Establece que ya no se puede encontrar justicia a nivel local y se tiene que recurrir a la justicia internacional”, señala Velásquez.

Asimismo, explica el exembajador ante la ONU, que Nicaragua es signataria del Comité Contra la Tortura. Por lo tanto, el Gobierno está obligado a no torturar a los prisioneros. Sin embargo, organismos de derechos humanos han denunciado que los más de 550 presos políticos de la dictadura han sufrido torturas físicas y psicológicas en los penales. Y a muchos se les ha negado la atención médica.

Además, ambos expertos señalan que, a diferencia de Venezuela, Nicaragua no tiene la forma de subsistir. “Yo creo que muchos están apostando al momento en que el Frente Sandinista va a sacudirse a esa larva que se llama orteguismo, si es que quiere o no seguir como fuerza política en este país. Allí está el foco en el momento en que el orteguismo deje de matar a Sandino”, indica Bendaña.


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