“Ningún poder del Estado tiene el poder de confiscar”

El escritor Sergio Ramírez analiza la escalada violenta de la dictadura Ortega-Murillo

“Estas oleadas represivas son respuestas a las medidas que el Gobierno de Estados Unidos ha venido tomando contra el Gobierno y sus personeros”

Wilfredo Miranda Aburto  (Confidencial)

HAVANA TIMES – Los oficiales de la Dirección de Operaciones Especiales (DOEP) siguen ocupando de forma ilegal la redacción de Confidencial y Esta Semana. Un microbús de la Policía llega cada 24 horas a relevar a los agentes que montan guardia con fusiles desde la noche del viernes. Han pasado cuatro días desde la confiscación del edificio y ninguna autoridad competente ha presentado un solo documento que justifique esta acción que, a juicio del escritor Sergio Ramírez, demuestra “palmariamente” que en Nicaragua no existe el Estado de derecho.

“La Constitución no está funcionando, las leyes valen lo mismo que papel mojado”, dijo Ramírez, ex-vicepresidente de Nicaragua y recientemente galardonado con el Premio Cervantes, el máximo estandarte literario de habla hispana. Confiscar es una medida inconstitucional”, remarcó.

Tras la confiscación de la redacción de Confidencial y Esta Semana, el director Carlos Fernando Chamorro acudió la mañana del sábado a reclamar el inmueble. Los oficiales que lo ocupaban fueron encontrados viendo un partido de fútbol en un sofá y con los pies sobre una silla. Los policías no brindaron explicaciones a Chamorro, y le recomendaron buscar respuestas en la sede de la institución. La explicación que el periodista y su equipo recibieron fue empujones, insultos, golpes, patadas y garrotazos de parte de furiosos antimotines.

“La arbitrariedad la vemos muy claramente al confiscar empresas privadas. Es un ataque a las empresas privadas que producen estos medios de comunicación, que están registrados como sociedad anónima en el Registro Mercantil”, cuestionó Ramírez en el programa Esta Semana, cuya edición de este domingo se realizó a contrarreloj en las instalaciones de Canal 12 debido a la ocupación policial. “Eso no hace ninguna diferencia para el poder arbitrario que manda a liquidar estos medios de comunicación y a ocuparlos”.

El régimen Ortega-Murillo asocia a Invermedia y Promedia —empresas productoras de Confidencial y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche— con el Centro de Investigaciones de la Comunicación (CINCO). La personería jurídica de CINCO fue cancelada por la Asamblea Nacional controlada por el orteguismo, y con ese argumento cometieron el asalto y la confiscación de la redacción de Confidencial, pese a que las empresas representadas por Chamorro no tienen nada que ver jurídicamente ni administrativamente con CINCO.

“Confiscar es una medida inconstitucional”, subrayó Ramírez. La reforma constitucional de 1995 así lo estableció, como una especie de salvaguardas para los bienes privados tras la experiencia desastrosa de las expropiaciones durante la revolución sandinista.

“Confiscar los inmuebles de un programa de noticia, que pertenecen al ámbito de la empresa privada, están prohibidos por la Constitución. En Nicaragua no existe la confiscación. La confiscación es por causa de utilidad pública. Si se va a construir una carretera, un parque de diversiones, el Gobierno expropia y luego indemniza. Ese es el único caso. Ningún poder del Estado tiene el poder de confiscar a nadie en el país”, enfatizó Ramírez, en referencia a la Asamblea Nacional y el Ministerio de Gobernación.

Respuesta a sanciones estadounidenses

El Premio Cervantes aseguró que esta escalada represiva contra Confidencial y las nueve organizaciones no gubernamentales anuladas por el Parlamento es la respuesta encontrada por la dictadura a las sanciones estadounidenses. Bajo la lógica oficial, personas de estas organizaciones son las responsables de la aprobación de la ley Nica Act. En sus palabras son “traidores de la patria”, que fueron a Washington a cabildear por la aprobación de esta medida que impone sanciones individuales a miembros de la dictadura, y restringe el acceso del país a préstamos en organismos internacionales. Sin embargo, lo que no dice el régimen Ortega-Murillo es que la Nica Act y las sanciones individuales en contra de la vicepresidenta y primera dama fueron motivadas por su deriva autoritaria, y la posterior aprobación aligerada por la masacre que han cometido desde abril.

“Hay una suspensión del Estado de derecho. No hay garantías constitucionales, no hay vigencia de derechos individuales… Estas oleadas represivas son respuestas a las medidas que el Gobierno de Estados Unidos ha venido tomando contra el Gobierno y sus personeros. Esto también es arbitrario porque son cosas que son independientes”, dijo Ramírez.

Con estas acciones la pareja presidencial envía un mensaje de fortaleza a sus bases militarizadas, a quienes ejecutan la represión y a su “círculo de hierro”, de acuerdo a Ramírez. El término de diez días que tiene el presidente Donald Trump para firmar la Nica Act está próximo a vencerse. En la Casa Blanca se da por descontada la aprobación de las sanciones.

“Los Ortega-Murillo quieren hacer pensar que siguen (en el poder). Seguir adelante en medio de la total ingobernabilidad del país”, dijo Ramírez. Aunque el escritor dijo que habría que “estar metido” en la mente de la pareja presidencial para tener una respuesta certera sobre la estrategia política que se baraja en El Carmen.

Ramírez, que conoce de cerca a Daniel Ortega tras ser su vicepresidente en los ochenta, dijo que es probable que El Carmen actúe de acuerdo a la tradición negociadora que lo ha caracterizado: “Se trata de acumular fichas adentro de una casilla: Prisioneros políticos, expropiaciones, abusos, arbitrariedades, de modo que cuando venga la hora de una negociación, poder entregar ese montón de fichas y quedar como estaba la situación hasta el 17 de abril”.

Sin embargo, el escritor anotó que pretender eso sería un error. “Eso ya no es posible. Esta crisis tiene un nivel tal de deslegitimación, de ausencia de institucionalidad, de falta de la democracia, que no puede ser resuelta poniendo fichas en el tablero”, resaltó Ramírez.

Un régimen carente de consenso

Lo dicho por muchos analistas y ciudadanos también lo comparte el Premio Cervantes: Nicaragua no es la misma desde el 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra el régimen Ortega-Murillo. De ese modo las condiciones de la Nicaragua previa al 18 de abril no pueden volverse a instalar. Ramírez lo cree porque el gobierno sandinista ahora “tiene el desfavor” de los empresarios, la iglesia católica y Estados Unidos, gobierno con el cual mantenía relaciones normales.

“Después del 18 de abril todo estos elementos que conforman la estabilidad del poder en Nicaragua, que forman el consenso para poder gobernar, ya no están allí. Un gobierno que se aísla en un cerco de represión para poder gobernar, es imposible que pueda darle gobernabilidad al país”, advirtió Ramírez. “No va a llegar el momento en que el acuerdo sea que este gobierno permanece incólume y las fuerzas que equilibraban la institucionalidad del país van a volver a sus posiciones anteriores. Eso es completamente difícil. Si ellos (Ortega-Murillo) no pueden ver eso, están totalmente equivocados. Eso los lleva al desastre”.

Ramírez opinó que en esta ecuación el Ejército sigue siendo una “reserva de fuerzas” que pueden ayudar a ofrecer una resolución a la severa crisis sociopolítica. El escritor es de quienes sostiene que la institución castrense sí tiene independencia, al margen de la crítica de que el Estado Mayor militar se sienta en los actos púbicos arropado por la bandera roja y negra.

“El ejército es una fuerza que todavía tiene independencia. Mucha gente me dice ‘el jefe del Ejército se presenta en las cámaras rodeado de banderas del Frente Sandinista’, pero eso no son escenarios del ejército. Son escenarios del Olof Palme, donde es la presidencia la que monta el escenario. No es crucial. Siento que podemos ver al Ejército que a la hora de una soluciono política va a jugar un papel con las otras fuerzas institucionales que en ese momento tienen que juntarse a esta gravísima crisis, la más grave que ha habido en Nicaragua a lo largo de toda su historia”, dijo Ramírez.