José Peraza: “Aquí estamos en una anormalidad electoral”

Por Confidencial

HAVANA TIMES – El politólogo José Antonio Peraza, miembro del Grupo Promotor de Reformas Electorales (GPRE), advirtió que algunos grupos políticos están “normalizando” el proceso electoral en Nicaragua, a pesar que el país se está enfilando “al peor escenario electoral que pudimos haber imaginado”, con siete aspirantes a la presidencia detenidos y dos en el exilio; y partidos políticos  sin personería jurídica, asfixiados económicamente, y sin capacidad para completar el tendido electoral.

En una entrevista en el programa Esta Semana, Peraza explicó que no se ha cumplido ninguna de las “condiciones habilitantes” para ir a elecciones libres, que estableció el GPRE en un acuerdo de consenso nacional, y que tampoco se han cumplido los siete puntos que estableció la Organización de Estados Americanos (OEA).

La comunidad internacional, incluyendo la mayoría de naciones latinoamericanas de la OEA, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, han dicho que no hay condiciones para una elección libre y competitiva, pero en Nicaragua es inaudito que algunos sectores hablan de una supuesta “normalidad”, dijo Peraza.

“Me preocupa que hay grupos nacionales que dan la sensación de que vamos a una elección normal”, señaló el politólogo. “He visto esa tendencia en el Consejo Superior de la Empresa Privada, en el Partido Liberal Constitucionalista y de alguna manera en Ciudadanos por la Libertad, aunque un poco más atenuado; de que como que estamos en una democracia plena y que todo el mundo va ir a votar tranquilamente a su junta rectora y que vamos a tener resultados cinco horas después que hayan cerrado las urnas. Esa no es la situación de Nicaragua”, continuó.

Es “inaudito” que tras el arresto de los precandidatos presidenciales “nosotros (en el país) podamos estar hablando de una normalidad electoral”, cuando en realidad “aquí estamos en una anormalidad electoral”, dijo el politólogo.  Además, valoró que los arrestos de los precandidatos presidenciales podrían impactar negativamente al momento en que los nicaragüenses acudan a las urnas y recordó que —antes del inicio de la última ola represiva— las encuestas ya mostraban “un descenso significativo” en la decisión de participar y votar,, principalmente entre los opositores al gobernante Frente Sandinista.

“Yo creo que después de la captura de los precandidatos, eso (la participación electoral) va a ser mucho menor de lo que esperamos. Si no hay motivación y una confluencia nacional para enfrentar a la dictadura, estamos casi seguros que el proceso y la intencionalidad de votar el 7 de noviembre posiblemente va a ser muy bajo”, estimó el politólogo.

Por otro lado, enfatizó que la falta de observación electoral genera más desconfianza en el proceso y la población está atemorizada ante la persecución política del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Definitivamente, lo que hemos visto es que no hay condiciones (electorales). La gente tiene miedo —incluso— de expresar su opinión ante un encuestador. Cuando hemos llegado a esa situación, ya ni siquiera podemos confiar en la información que te está proporcionando la gente”, valoró el politólogo.

La verificación no es un termómetro electoral

Justamente este fin de semana la población nicaragüense acudió a los centros de votación para verificarse en el padrón electoral, un proceso que “nunca ha sido masivo”, estimó Peraza, pero que mostró algunas anomalías que podrían obstaculizar el proceso de votación.

“Hubo una reducción de centros de votación que anda por unos 1220 aproximadamente. Si calculamos que por cada centro de votación hay un poco más de 1000 personas inscritas o aptas para votar, podemos estimar que se ha movido de centro de votación a más o menos un millón y medio de personas. Eso es grave porque significa más del 20% de la población empadronada para votar”, estimó el politólogo.

El cambio de centros de votación podría causar que “mucha gente tenga dificultad para encontrar su lugar de votación”, comentó Peraza. Esto debido a que “la mayoría de las personas no están al tanto de esos temas electorales puntuales que están sucediendo de manera casi arbitraria”, porque el Consejo Supremo Electoral (CSE) “simplemente hace la acción y dice “hicimos tal cosa”, pero no explica por qué, ni bajo qué criterios”.

La participación en el proceso de verificación tampoco es un indicador de lo que puede suceder el día de las votaciones, ya que en Nicaragua “no tenemos un registro anterior en una circunstancia tan peculiar” y el CSE no brinda información, “todo se tiene que averiguar de manera casi clandestina”, explicó el politólogo.

ACxL no logró representar a toda la oposición

Ante este escenario negativo, Peraza lamentó que en la opositora Alianza Ciudadanos por la Libertad (ACxL) no se haya producido un llamado “a una gran unidad para poder enfrentar a la dictadura” y estimó que “es muy difícil creer” que de forma individual esa agrupación política obtenga un resultado satisfactorio en las próximas elecciones.

La ACxL “tiene todo en su contra”, por su “sectarismo” político, advirtió el politólogo. Además, “los candidatos a elección popular que posiblemente elijan van a salir de su propio seno, por lo tanto no van a ser representativos de toda la oposición nicaragüense”, subrayó.

A pesar que desde 2019 CxL ha repetido que no postularía un candidato presidencial de su propio partido, en la víspera de la inscripción ante el CSE y tras el arresto de los precandidatos, fuentes de la Alianza indican que finalmente será inscrito Oscar Sobalvarro, actual vicepresidente de CxL. Selección que no se hizo por consenso y ha causado un cisma en la Alianza Ciudadanos por la Libertad, en la que los líderes de la Alianza Cívica han expresado su descontento con CxL.

Politólogo José Antonio Peraza arrestado por la Policía orteguista

El politólogo José Antonio Peraza arrestado en octubre de 2018, durante un intento de protesta en Camino de Oriente, tras la imposición del estado policial de facto. Ahora fue arrestado de nuevo. / Foto: Archivo | Confidencial

El politólogo y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), José Antonio Pereza, fue arrestado la noche de este 26 de julio por la Policía del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, que con esta detención suma 29 arrestos desde finales de mayo pasado, cuando inició una “cacería” contra la oposición, argumentando supuestas investigaciones y violaciones a la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”.

Según el comunicado policial, divulgado la noche del lunes, Peraza realizó “actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación”, sin brindar información específica sobre los supuestos actos.

Previo a su arresto, Peraza grabó un video en el que comentó que si el video circulaba es porque había sido “secuestrado por la dictadura”.

“Como padre de familia, como ciudadano, como miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional estamos dispuestos a pagar este sacrificio y otros más por la libertad de Nicaragua”, aseguró Peraza, y agregó: “No nos asusta la dictadura. Sabemos que vive sus últimos momentos y seguiremos siempre en la lucha. Pronto, nuestra amada Nicaragua será libre y pronto vamos a abrazarnos todos en un país democrático, pacífico, próspero y libre”.

Según el politólogo, “esta dictadura está llegando a su fin” y su captura “es solo un episodio más de episodios que esta gente ha creado para intimidar y para hacer sufrir al pueblo de Nicaragua. Eso pronto terminará. Esta noche oscura pronto terminará y seremos el pueblo que siempre hemos querido ser: libres, pacíficos, prósperos y felices”.

Antes de Peraza, el pasado 24 de julio, la Policía orteguista comunicó que los opositores Noel Vidaurre y Jaime Arellano fueron puestos “bajo custodia policial”, equivalente a arresto domiciliar, señalados por los mismos supuestos delitos.

Un total de 26 de los 29 presos políticos de los últimos dos meses en Nicaragua están arrestados por supuestas violaciones a esa ley, que la Asamblea Nacional –también controlada por el orteguismo– aprobó en diciembre de 2020, cuando fue señalada como una “ley guillotina” para inhibir la competencia política de la oposición en las votaciones nacionales previstas para noviembre. Siete de estos 29 presos políticos son precandidatos presidenciales.

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