Director de Confidencial: “No nos callarán con un juicio político”

Carlos Fernando Chamorro durante una conferencia de prensa en diciembre de 2019. Foto: Confidencial

Carlos F. Chamorro: Intentan criminalizar la libertad de prensa. Nuestro trabajo periodístico se defiende por si solo ante las calumnias del régimen

Por Cindy Regidor (Confidencial)

HAVANA TIMES – Este martes 24 de agosto el Ministerio Público, controlado por el régimen Ortega Murillo, anunció la ampliación de la acusación contra la aspirante presidencial y expresidenta de la Fundación Violeta Barrios, Cristiana Chamorro, a la vez que acusaba a su hermano Pedro Joaquín Chamorro, directivo del partido Ciudadanos por la Libertad, a seis extrabajadores de la misma fundación y al conductor personal de Cristiana.

Cinco de los acusados se encuentran detenidos bajo “investigación”: Cristiana Chamorro bajo arresto domiciliario desde hace 85 días; mientras que los demás están secuestrados en la cárcel de El Chipote, sin haber sido vistos por sus familiares o un abogado defensor: Walter Gómez y Marcos Fletes, exfuncionarios de la FVCH (90 días);  Pedro Vázquez, conductor de Cristiana Chamorro (72 días) y Pedro Joaquín Chamorro, fundador de el partido Ciudadanos por la Libertad y ex vicepresidente de la FVCH, (62 días).

Además, las autoridades acusan al director de CONFIDENCIAL, Carlos Fernando Chamorro, por presunto lavado de dinero, gestión abusiva,  y apropiación y retención indebida, en un nuevo ataque contra el periodista, y contra este medio de comunicación y su equipo periodístico.

Desde el retorno al poder de Daniel Ortega en 2007, el periodismo de CONFIDENCIAL y Esta Semana, los medios independientes dirigidos por Chamorro desde 1995, ha estado en el blanco de los ataques del Gobierno, una situación que empeoró a partir de 2018, cuando asaltó y ocupó la redacción del medio, y posteriormente el Gobierno lo confiscó de forma inconstitucional, y le impuso la censura televisiva.

La ofensiva represiva contra otros medios y periodistas independientes y en contra de CONFIDENCIAL se recrudeció en la víspera del proceso electoral del 7 de noviembre, y el 20 de mayo de este año la Policía allanó por segunda vez, de forma ilegal nuestra oficina provisional y el 13 de  junio allanó también la casa de Carlos Fernando Chamorro, sin ninguna orden judicial. Ante la persecución del régimen con la intención de encarcelarlo, Chamorro se exilió en Costa Rica, donde ya estuvo once meses refugiado en 2019, y desde San José nos brindó esta entrevista transmitida en Esta Noche.

Los juicios políticos se deciden en El Carmen

¿De dónde vienen estas acusaciones en tu contra y en qué se basan las autoridades para justificarlas?

Este es un juicio político, y todos los juicios políticos nacen en El Carmen, ahí se decide a quién acusar y enjuiciar; la Fiscalía tiene la misión de intentar fabricar delitos y pruebas falsas, y la Corte Suprema de Justicia solamente emite las condenas. Se repite el patrón de lo que vivimos en 2018 y 2019, cuando más de 700 personas fueron detenidas y muchos de ellos enjuiciados y condenados por participar en la protesta cívica contra la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo demandando elecciones anticipadas, fueron acusados de “terrorismo” y tentativa de golpe de Estado, entre ellos nuestros colegas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, que fue el primer caso de criminalización del ejercicio del periodismo, los acusaron de incitación al odio y terrorismo.

Ahora están fabricando nuevos delitos, “lavado de dinero y traición a la patria”, en primer lugar, para eliminar la competencia política, por eso está presa mi hermana Cristiana Chamorro, desde que anunció que estaba dispuesta a ser precandidata presidencial; y por ese mismo motivo también está preso mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, quien estaba en la línea de relevo de los candidatos de CxL cuando ya habían cinco en la cárcel; y por ello también están presos otros seis precandidatos presidenciales (Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Medardo Mairena, Miguel Mora, y Noel Vidaurre), así como más de 20 líderes políticos y cívicos, estudiantes, campesinos, empresarios, defensores de derechos humanos, periodistas, como Miguel Mendoza. Son 35 presos políticos que han sido detenidos en esta redada de los últimos tres meses, que se suman a más de otros 120 presos políticos que están en las cárceles.

A mí me imputan ahora delitos penales, por primera vez, porque siempre me han reprimido, me han confiscado, me han perseguido por las vías de hecho, pero el propósito es el mismo, intentar silenciar a un periodista, matar la libertad de prensa y la libertad de expresión, algo que han intentado desde 2007, en 2008, en 2018, y nuevamente este año, pero nunca lo han logrado, y creo que otra vez van a fracasar, porque no van a silenciarme y no van a impedir que sigamos haciendo periodismo.

¿Por qué el régimen se empeña en acusarlo y asociarlo en el caso que pretenden montar en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, su hermana y demás trabajadores?

Cada vez que han lanzado ataques y agresiones en mi contra, siempre han intentado encubrirlos con alguna clase de justificación. En 2018, por ejemplo, asaltaron la redacción de CONFIDENCIAL y Esta Semana, se robaron todos los equipos, y nunca presentaron una orden judicial, pero cuando le tocó al jefe de la Policía, Francisco Díaz, responder a los recursos de amparo que presentamos en nombre de las empresas de medios de comunicación ante la Corte Suprema de Justicia, dijo que él estaba cerrando la organización no gubernamental Cinco, pero Cinco no tenía ninguna relación legal, económica, o institucional con CONFIDENCIAL, pero esa fue la justificación. Y mantuvieron la ocupación del medio durante dos años, y después lo confiscaron, violando la Constitución.

Nuevamente, el 20 de mayo de este año asaltaron por segunda vez la nueva redacción provisional de CONFIDENCIAL y no dieron ninguna explicación. Y como ese día también se estaba iniciando un proceso de investigación por presuntas “irregularidades” contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que apunta a criminalizar su labor, yo me adelanté a advertir que no existe ninguna relación entre la Fundación, mi persona y CONFIDENCIAL, y que CONFIDENCIAL nunca ha recibido financiamiento de la FVCH o participado de sus proyectos. Y sin embargo, cuando iniciaron los interrogatorios en la Fiscalía, a mi nunca me citaron ni mostraron un solo cheque del supuesto financiamiento a CONFIDENCIAL, porque no tienen absolutamente ninguna prueba, pero están intentando fabricar ahora esta acusación porque a algunas personas que han sido interrogadas en la Fiscalía, les han inducido y presionado  para que declaren que existe un vínculo de financiamiento entre la Fundación y CONFIDENCIAL.

Hace poco el periodista Iván Olivares publicó una carta pública, en la que dice que la Fiscalía intentó tergiversar sus declaraciones, atribuyéndole a él haber dicho que la Fundación financia a CONFIDENCIAL.

Una audiencia secreta sin abogados defensores

Los abogados de los acusados denunciaron varias irregularidades, como que no se les avisara de esta audiencia inicial que menciona el comunicado del Ministerio Público, de hecho, los casos ni siquiera aparecen todavía en el sistema informático judicial.  ¿Tiene usted mayor información en su caso en particular?

No conozco nada más que el comunicado que apareció ayer de parte del Ministerio Público, En efecto ellos dicen que hicieron una audiencia el día martes para confirmar acusaciones y para ampliar acusaciones, incluyendo a mi persona, pero hasta donde yo entiendo, ninguna de las personas detenidas y secuestradas, como mi hermano Pedro Joaquín Chamorro, Walter Gómez, Marcos Fletes, y mi hermana Cristiana, que está bajo arresto domiciliar, estuvieron representados por un abogado defensor. No se sabe si esa audiencia en realidad se hizo, o si se hizo en secreto, en la cárcel, o a escondidas en algún juzgado. Estamos ante una flagrante violación del debido proceso de los acusados, y esto anula completamente este proceso; este no es un juicio, esta es una farsa jurídica donde ya hay una acusación y donde hay una condena que se ha presentado de manera anticipada.

A mi no me ha sorprendido, sinceramente, el que me incluyan en esta acusación porque desde el 13 de junio apareció un documento oficial de la Presidencia que le enviaron a todas las misiones diplomáticas, un documento infame, titulado –“en defensa del Estado de derecho”. ¿Cuál Estado de derecho? Si el Estado de derecho ha sido demolido en la última década por este Gobierno; y al enfocarse en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro afirma, como si fuera un hecho criminal, que en los últimos años esta recibió donaciones por varios millones de dólares para sus proyectos. Pero hasta donde yo entiendo, esta Fundación ha trabajado durante más 20 años bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación y de la Cancillería, y hasta que mi hermana Cristiana anunció en enero que sería precandidata presidencial, resulta que sus actividades resultaron penalizables y criminales. Y en ese documento oficial dicen, absolutamente sin ninguna prueba, que CONFIDENCIAL y yo recibimos varios millones de dólares de mi hermana Cristiana y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, cuando ellos saben que no existe ningún vínculo económico, legal o institucional.  Es decir, aquí hay ya una condena anticipada, y lo que se está haciendo, simplemente, con este juicio es tratar de llenar el expediente en una farsa jurídica.

Las acusaciones de “lavado de dinero”

Precisamente vemos ahora que la narrativa y los hechos del régimen, a través de la Fiscalía, es acusar a opositores y a periodistas de lavado de activos. ¿De donde sale esta acusación, o bajo qué lógica?, ¿y cómo pretenden, además, sostenerla? ¿Qué responde usted ante la imputación de este delito?

A mí me están acusando por lavado de dinero.  Ya me habían investigado una vez en el año 2008 por este presunto delito, y no se necesita ser abogado para conocer que el lavado de dinero y el lavado de activos se origina, en primer lugar, en un dinero ilícito que suele ser del narcotráfico o del crimen organizado, que el delincuente intenta legalizarlo para invertirlo en empresas, en bienes, en otro tipo de actividades lícitas. Lavado de dinero no es, por lo tanto, que una empresa reciba una donación de una Fundación para invertirla en sus actividades, como hacemos las empresas de medios de comunicación, o como algunas fundaciones reciben donaciones para desarrollar proyectos. Eso no es lavado de dinero.

En el año 2008, se hizo una investigación criminal contra la ONG Centro de Investigación de la Comunicación CINCO, cuando yo era entonces presidente de esa Fundación, y la Fiscalía decía: – están triangulando fondos y están haciendo lavado de dinero-. Y yo le dije al fiscal Douglas Vargas, cuando me interrogaron en la Fiscalía, ¿por qué no llama a los representantes de los Gobiernos de Suiza, Holanda, de la Unión Europea, de Gran Bretaña?, porque ellos son los donantes de estos 40 000 dólares que CINCO está ejecutando en un proyecto para promover los derechos de las mujeres, y ellos le van a decir que ese no es dinero del narcotráfico, sino de los contribuyentes de sus países.

Nunca los llamaron a declarar, pero eso derivó en un allanamiento contra las oficinas de CINCO; y posteriormente, cuatro meses después, el juez dijo -no hay ninguna prueba, no hay ninguna evidencia de que se haya cometido ningún delito de lavado de dinero porque los donantes no tienen ninguna queja sobre el uso de los fondos-. Hay por lo tanto un precedente, como dicen los abogados, hay jurisprudencia en esta materia, de que recibir una donación, un medio de comunicación o una Fundación para desarrollar proyectos, no es lavado de dinero, que es lo que ahora el Gobierno está fabricando para criminalizar el derecho de asociación, para criminalizar a los líderes políticos, y en este caso, para criminalizar la libertad de prensa y la libertad de expresión.

Los medios de comunicación que yo dirijo son empresas que han estado adscritas al registro mercantil, y que han tenido una relación por más de dos décadas con la Dirección General de Ingresos. Nunca ha existido absolutamente ningún señalamiento de que se haya incurrido en alguna clase de delito. De manera que, estos son simplemente fabricaciones porque la Fiscalía tiene que cumplir con la misión de inventar el delito, y por eso están hablando ahora de lavado de dinero.

¿Considera que esa jurisprudencia vaya a tener algún efecto en este momento para esta acusación en particular?

Yo creo que aquí las decisiones se toman en El Carmen. Y al señor Ortega lo hemos escuchado en varias ocasiones anunciar con virulencia que los “criminales” ya están condenados. Pero eso no es justicia, eso es simplemente un acto de venganza, un acto de cobardía de un líder político que decidió eliminar la competencia, eliminar las elecciones, y para eso mandó a echar presos a la competencia, y ahora fabrica estos delitos para hacer un linchamiento público y llevar la criminalización al ejercicio de la libertad de prensa.

Según las propias leyes penales del país, yo no debería ser juzgado en ausencia. Yo estoy exiliado en Costa Rica, precisamente, para que no me silenciaran, para no estar secuestrado, como están estas 35 personas algunos desde hace ya casi 90 días, y para poder seguir haciendo periodismo. Mi trabajo como periodista, y el trabajo de CONFIDENCIAL, se defiende por sí solo de cualquier calumnia. Ahí está en nuestras investigaciones sobre corrupción, nuestras investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos, en nuestra apertura para promover el debate público en el país. El único delito que podrían imputarnos es hacer periodismo crítico. Pero si ellos quieren condenarme por “lavado de dinero”, pues, será una decisión política del régimen.

Con esta orden de detención que hay ahora contra las personas acusadas, que no están detenidas, ¿usted tomará alguna medida ante la acusación? Está en el exilio, ¿pero, existe algún riesgo de que el régimen intente llevarle a Nicaragua para procesarle?

Yo creo que ellos tienen un afán persecutorio, un afán vengativo frente a periodistas que, a lo largo de más de una década hemos resistido todo tipo de ataques que nos han lanzado. A mí me inventaron en 2007 un linchamiento en los medios oficiales, me acusaron de narcotraficante, de geófago, me atribuyeron toda clase de delitos criminales, por denunciar el primer caso de corrupción del gobierno de Ortega que titulamos “Extorsión en Tola”. Y nosotros, simplemente, hemos seguido haciendo periodismo, y vamos a seguir.

Los que no se pueden defender hoy, porque están silenciados, son esos 35 presos políticos, la mayoría secuestrados, y otros bajo arresto domiciliar; ahí están los precandidatos presidenciales, los líderes políticos y cívicos, los líderes campesinos, estudiantiles, empresarios, defensores de derechos humanos. Y, al menos yo, como ciudadano y como periodista, que he tomado partido en esta crisis nacional, por las víctimas de las violaciones a los derechos humanos, por los familiares de las víctimas, por los exiliados, por aquellos que han sido silenciados, tenemos la responsabilidad de brindar información, de demandar la libertad de los presos políticos, de exigir que sean presentados ya de una sola vez para ser puestos en libertad; y que no sean sometidos a estos juicios espurios, porque estas leyes con las que pretenden enjuiciarlos, y con la que me pretenden enjuiciar a mí también, son leyes inconstitucionales que deberían ser derogadas, porque ninguno de ellos ha cometido delito. En todo caso, los que han cometido delito y tendrían que ser investigados, son los gobernantes que violaron la Constitución, los que perpetraron crímenes de lesa humanidad, los que han ejecutado actos escandalosos de corrupción.

La agenda pendiente de la justicia en Nicaragua

En la práctica vemos lo contrario, vemos a un régimen que lejos de dar marcha atrás, mas bien empieza con esta fase de acusaciones ante el proceso electoral, que ya está deslegitimado, sin competencia política, y con el cual pretende reelegirse, y esto a pesar de los llamados de la comunidad internacional para que desista de estos actos. ¿Cómo lee usted esa actuación de parte del régimen?

Yo creo que el señor Ortega está desesperado, tiene miedo a la competencia política, por eso cerró la vía electoral; el 7 de noviembre habrá votaciones con Ortega, sin competencia, con algunos partidos colaboracionistas; pero eso es un es un circo electoral; como es una farsa de justicia este intento de acusaciones judiciales que está iniciando la Fiscalía.

La sociedad nicaragüense enfrenta dos grandes desafíos, que pasan por recuperar la libertad, en primer lugar, por lograr la suspensión del estado policial y la liberación de todos los presos políticos, para abrir el camino hacia la democracia; para abrir el camino de una reforma electoral, sin Ortega y sin Murillo, porque han perdido todas las oportunidades que en los últimos años pudieron haber tenido para facilitar estas reformas a través de los dos diálogos nacionales.

Y la gran demanda que seguirá pendiente es la de la justicia, no la de esta farsa jurídica, sino la verdadera demanda de la justicia; porque Ortega, Murillo, y la cúpula del Gobierno, que incluye a altos funcionarios políticos, económicos, y también militares y policías, deberán ser investigados, como dijo el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) por crímenes de lesa humanidad, que incluyen la matanza de abril, de más de 300 asesinatos así como también las ejecuciones extrajudiciales; las torturas; las desapariciones.

Pero, además, hay otro ámbito relacionado con delitos políticos, como la comisión de un golpe de Estado desde arriba, que ha dado el gobernante. Porque Ortega violó la Constitución, impuso un estado policial, sin ni siquiera suspender los derechos constitucionales. Y esos delitos tendrán que ser investigados por esa Fiscalía Especial, que ha propuesto el GIEI, y creo que su mandato también debería incluir investigar la corrupción, porque Ortega y Murillo y su cúpula son responsables del mayor acto de corrupción de la historia reciente de Nicaragua, que es esa desviación de más de 5000 millones de dólares de la cooperación estatal venezolana, hacia sus arcas privadas, para crear negocios y empresas privadas, a costa del Estado.

Para eso se necesita una Fiscalía Independiente que investigue y que más adelante cuando se restablezca la democracia en Nicaragua, la justicia va a tener que enfrentar los crímenes, el golpe de Estado, y también la corrupción.

¿Esta acusación, este nuevo ataque afectará de alguna manera el trabajo periodístico de CONFIDENCIAL y en Esta Semana?

Yo creo que nuestro trabajo como periodistas se defiende en cada línea que publicamos, por cada imagen que trabajamos, por cada esfuerzo que hacemos como reporteros para corroborar la verdad. Nuestro trabajo es investigar la verdad, develar lo que quieren ocultar, y contarla. Y sí lo podemos seguir haciendo desde el exilio, otra vez, como ya lo hicimos en 2019, pues yo creo que vamos a seguir ganando lo más importante, para nosotros como periodistas, que es nuestra credibilidad y la confianza de las audiencias.

Quiero agradecer los mensajes que he recibido desde el día de ayer de muchísimas personas de la audiencia, y personas muy queridas mías también, que me dicen -te está condecorando la dictadura, te están haciendo una acusación criminal, que a final de cuentas es un reconocimiento a la labor que has hecho vos y los periodistas de CONFIDENCIAL, por mantener abierta una voz en el país aferrada a la verdad, al pluralismo, y a la promoción del debate público-.

Y eso no es solamente patrimonio nuestro, por eso yo le digo a todos los ciudadanos, a nuestras fuentes, a los servidores públicos, civiles y militares, que no se sometan a la censura y a la autocensura. La batalla de la verdad la vamos a ganar derrotando la censura y la autocensura. Y nosotros vamos a estar ahí siempre en la primera línea haciendo periodismo de calidad.

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