Criminalizar la verdad

Verónica Vega

HAVANA TIMES – Desacreditar a quienes cuestionan la política oficial, es estrategia común en Cuba; así como  anular a individuos o grupos que reaccionan contra el estancamiento económico o la falta de libertad, difamando de ellos con total impunidad y torciendo sus verdaderos reclamos.

Con la publicación del Decreto ley 349 y la reacción contra este de un grupo de artistas, una vez más ese método está siendo efectivo.

El decreto, publicado el 10 de julio, debe entrar en vigor a partir de los 150 días posteriores a la fecha de su publicación, es decir, el 7 de diciembre.  Sin embargo, en un reciente artículo de Granma, bajo la autoría de Germán Veloz Plasencia, y titulado: Defender opciones culturales con valor creativo, se afirma que entrará en vigor el presente mes.

Este cambio súbito, que de ser cierto, violaría el mismo protocolo jurídico, ¿obedecerá a la campaña “Artistas Cubanxs en contra del Decreto 349”, (nombre de la página en Facebook) protesta que comenzó el 21 de julio con un performance frente al Capitolio donde la joven Yanelys Núñez se untó el cuerpo con excremento humano y alzó un cartel que decía ARTE LIBRE.

Ese día también fue arrestado el rapero Soandry del Río, aparentemente solo por estar frente a la escalinata, o tal vez por filmar con su móvil cómo la policía se llevaba a Luis Manuel Otero, quien era el autor de la acción plástica y no pudo ejecutarla.

 El viernes 21 de septiembre, Soandry del Río volvió a ser arrestado bajo el cargo de “desobediencia”, por negarse a pagar la multa imputada ese día. Después del anuncio de Luis Manuel Otero en las redes sociales: Mañana todos afuera de la estación de Zanja y dragones 10:30 am para decir #freeSoandry #noaldecreto349 , fue liberado en horas de la noche. 

La historia que no cuentan los medios oficiales

La cultura cubana ha experimentado el surgimiento de potentes eventos alternativos que germinan de forma natural y demandan un espacio controlado en su totalidad por las instituciones, es decir, por el Gobierno.

Movimientos genuinos que abarcan la música, las artes plásticas, la danza, la literatura, el audiovisual, y han tratado de coexistir con la política oficial, pero terminan siendo barridos por esta.

El Decreto 349 es la respuesta a todos los creadores que se han negado a renunciar a tres derechos básicos que ni siquiera una Constitución plagada de ladinas incoherencias les puede arrebatar: vivir en el país donde nacieron, crear gracias a su talento natural, expresar en su arte y sus vidas lo que opinan sobre la sociedad a la que pertenecen.

El artículo en Granma que anuncia la brusca implementación del Decreto, ya desde el título Defender opciones culturales con valor creativo, pretende desvirtuar todo el arte alternativo mezclándolo con el fenómeno del reguetón. Fenómeno explotado por la oficialidad porque cumple con un requisito funcional: perderse en la concupiscencia evadiendo toda crítica social.

El propio 349 inició esta confusión en el artículo 4.1., que dice:

“Igualmente, constituyen contravenciones cuando una persona natural o jurídica incurra en alguna de las conductas siguientes:

1. a) Difunda música o realice presentaciones artísticas en las que se genere violencia con lenguaje sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno (…)”

Es obvio que la expansión del reguetón y la degradación de su contenido era muy fácil de controlar para un Estado que tiene el monopolio de los medios y la educación. No es un secreto que en las secundarias y preuniversitarios es el tipo de música que ameniza las actividades. Cuando mi hijo cursaba la secundaria se cobraba un peso por alumno para pagar al que llevaba el equipo de audio. Era una iniciativa no institucional pero aprobada por el centro y permitida por el Ministerio de Educación.

Es un hecho que los reguetoneros han sido promovidos hasta por la Agencia Cubana de Rap, precisamente por la inocuidad (política) de su discurso.

Por otra parte, miembros de las brigadas de respuesta rápida, representantes de la UJC o la FEU y hasta rígidos funcionarios, emplean en público, si es preciso, un lenguaje “sexista, vulgar, discriminatorio y obsceno” contra individuos rebeldes, y más bien son premiados por su fidelidad política.  

Desde que se estableció la dicotomía “revolucionario” y “contrarrevolucionario”,  con acciones ejemplarizantes sobre su significado, los cubanos lo tienen tan bien aprendido que hasta en las asambleas de Rendición de Cuenta (el espacio autorizado para que el pueblo cuestione libremente), los más críticos empiezan acotando su filiación al PCC o a la Revolución, en aras de que sus intenciones no sean tergiversadas.

Sin embargo, es posible ir desmontando esta parafernalia de fragmentación y paranoia. Solo hay que deslindar: los reclamos no son personalizados, porque el objeto de atención y análisis es el problema planteado y sus responsables, -en escala directa hacia el Gobierno-, y no el ciudadano que lo padece.

Encubrir al verdadero responsable es siempre el objetivo de la confusión. Ahora, el Decreto 349 pretende camuflar la acción de “censurar” con la de “criminalizar”.

La censura a la creación artística se ha ejercido ancestralmente y se ejerce más o menos arbitraria y/o impunemente. Pero criminalizar al artista por hacer arte sin vínculo estatal, es retroceder siglos como cultura, como nación, y como especie.

El presidente Díaz-Canel y el actual ministro de Cultura Alpidio Alonso, deben estar conscientes de que los artistas no son tan ingenuos como cuando se abatieron los eventos Paideia, Arte Calle, los festivales de Rock, de Rap, Poesía sin Fin, Rotilla, Puños Arriba… y saben que es el ejercicio de la libertad civil lo que se quiere contener. El derecho a expresarse libremente, ya sea a través de un poema, una canción, un performance, o postulándose, piense como piense, para candidato a delegado en la Asamblea de su circunscripción.

Otro pretexto difamatorio es una disposición legal que obliga a los artistas independientes a tributar al Estado, cuando los activistas de la campaña contra el Decreto aclaran en el Manifiesto de San Isidro, que sí están dispuestos a pagar impuestos pero no a que sus obras sean filtradas por una censura política.

Para ser justos, hay que recordar que en algunos eventos alternativos (luego intervenidos y extinguidos) como el Festival de Rap, la entrada que se cobraba al público del abarrotado Anfiteatro de Alamar, iba a parar directamente al Municipal de Cultura de la Habana del Este, ya que los gestores (GrupoUno), jamás percibieron ganancias de esos ingresos. Y también el municipio se atribuía el mérito cultural de los sucesos.

No dejemos que nos confundan. “CRIMINALIZACION” no es “CENSURA”. La censura ataca a la obra artística y la criminalización ataca directamente al cuerpo del artista.

El anuncio intempestivo de que entra en vigor el Decreto-Ley que penaliza ¡el arte!, solo por  ser independiente, busca descolocar las acciones de los protestantes insertándolas en la categoría de “desobediencia civil”, aunque se enmascare en diversos delitos. Puede ser desobediencia por no pagar una multa, desacato a la autoridad, actividad económica ilícita, peligrosidad predelictiva… y todo un espectro de causas potencialmente abstractas.

Hace tres días fue Soandry de Río. Mañana cualquier otro activista de la campaña puede ser el enjuiciado.

El objetivo es el mismo que el de la Primavera Negra de 2002: incitar a otra desbandada. Atacar diversos puntos provocando el miedo, la fuga por exilio o insilio, los pactos forzados, las ventas del alma. Amenazar con arrestos y quién sabe si realizar juicios sumarios y condenas de cárcel porque un Decreto logró establecer que ARTISTA LIBRE es igual a DELINCUENTE.