Cuba: La nueva batalla contra coleros y revendedores…
…se repiten las patadas de ahogados
Por Osmel Ramírez Álvarez
HAVANA TIMES – Vuelven las noticias en la televisión del gobierno combatiendo a coleros, revendedores o cuentapropistas con precios que alguien define como ‘abusivos’, sin que haya una regla oficial para ello. Se ven declaraciones al más alto nivel, al presidente tomándolo como una tarea de primer orden y a un consejo de ministros debatiendo al respecto. Se ha vuelto el asunto del momento.
¿Es algo nuevo?
No. De hecho, es un fenómeno recurrente, repetitivo, principalmente en el gobierno de Díaz Canel, que está signado por una profundización desenfrenada de la crisis económica y general del sistema estatal-planificado; y del freno al sector privado, para que no lo sobrepase como actor principal de la economía.
Podríamos decir que es una estrategia cíclica la de permitir un poco de libertad económica al mercado informal y al sector privado para paliar el desabastecimiento, cuando se vuelve insostenible. Pero luego, cuando ese mercado busca su equilibrio real basado en la capacidad productiva limitada por el bloqueo interno, los precios suben y son inaccesible para los magros salarios del 70% de los trabajadores, que son estatales y tienen ingresos rígidos ajustados a una economía inexistente, nominal.
La solución lógica sería eliminar el bloqueo interno a la libertad económica y dejar que el mercado funcione con normalidad, eliminar las actividades prohibidas, que son las que en manos privadas generarían las soluciones que poco a poco bajarían los precios y subirían los salarios, y así dar posibilidad de que se ajuste el equilibrio en un nivel accesible para todos. Proclive a mejorar entre más eficiencia económica se consiga. Algo que sin libertad económica es imposible. Al menos no de manera sostenible.
La resistencia del gobierno del PCC a eliminar el bloqueo interno a la libertad económica (ni a la democracia política y a los derechos humanos plenos de los cubanos), es la causa de nuestros problemas. Es la principal, a años luz de distancia del embargo/bloqueo o de cualquier fatalismo cultural o geográfico, o consecuencias del colonialismo. Cosas que aunque existen, y tienen sus consecuencias, no son más que justificaciones de oportunistas o fracasados.
Apelar a reprimir a los sujetos económicos del incipiente y maniatado sector privado, o a los que participan de manera no regulada en el mercado informal, equivale a destruir un equilibrio ‘hacia atrás’, no hacia ‘adelante’, como podría representar abrir más hacia la libertad económica. Equivale a generar más desabastecimiento y más mercado subterráneo incómodo e inestable. Equivale a que ni caro ni barato la población encuentre lo que necesita para vivir. Destruye el mercado, no lo sanea ni lo mejora.
¿Qué se gana y qué se pierde con estas medidas?
La mayoría de las personas no entienden de economía y tampoco llevan récords en sus memorias de eventos similares en el pasado ni los comparan. La inflación que sufren hoy mismo no la pueden enfrentar con sus salarios insuficientes ni tienen mecanismos sindicales para exigir que los suban o equiparen a la economía real, y ven la intervención estatal o gubernamental (que en Cuba es lo mismo) como ‘salvadora’, aunque sea efímero o incluso sicológico, el alivio.
El gobierno sabe eso. Conoce el efecto positivo apenas sicológico y a corto plazo de esas medidas, pero aun así lo quiere aprovechar en este momento de máxima desaprobación y de deterioro brutal de la imagen oficialista ante el pueblo. En este momento en que no son capaces de generar confianza ni esperanza ni en sus acólitos más fervientes. Necesitan ganar un poco de tiempo, al menos.
Hacer algo que, aunque sea malo, parezca bueno, se interprete como bueno, que los sitúe al lado del pueblo. Una especie de Robin Hood comunista. Incapacitados para hacer los cambios que Cuba necesita, apelan a eso: al engaño dañino, repetidor de más miseria.
Son acciones que ni en su esencia ni en la práctica benefician ni al pueblo ni al gobierno. Pero al primero le dan una sensación de ayuda, les hace sentirse protegidos y les permite soñar por un pequeño laxo de tiempo que tal vez haya esperanzas, como un efecto narcótico. Y al segundo, le da un respiro mínimo de popularidad, aunque sea limitada, apelando y complaciendo al sector más afín y conservador. Aunque sea a costa de más desencanto y retroceso en breve, lo cual se traducirá en más migración.
En 2018, apenas se estrenaba como máximo dirigente del estado y el gobierno, Díaz Canel promovió una lucha sin cuartel contra el sector cuentapropista, imponiendo ‘precios topados’ para muchos de sus productos. Lo cual generó un periodo inmediato de desabastecimiento crítico, por lo que hubo que retroceder y abandonar, o ignorar, tales medidas.
En 2021, tras la aplicación de la controvertida Tarea Ordenamiento que generó más desequilibrios que soluciones en la economía cubana, los precios se dispararon y el gobierno arremetió una campaña no contra las causas, sino contra las consecuencias: los llamados precios abusivos. Aplicó multas de hasta 15 mil pesos, persiguiendo y demonizando a cuentapropistas y coleros, en medio de una escasez atroz signada además por la crisis cada vez más profunda, por la pandemia de la covid19.
Tras el estallido social del 11 de julio, a lo cual contribuyó en alguna medida esta política, esas medidas dejaron de aplicarse y se dieron como dádivas algunas libertades de comercio a los cubanos, como facilidades aduaneras, venta de garaje finalmente sin impuestos, precios libres y poco asedio de inspectores y policías, como válvula de escape ante la tensa situación social.
Pero la incapacidad gubernamental de mejorar la economía, negados a una apertura mayor, les impide parar la inflación y la crisis. Y ahora vuelven al viejo método, tristemente cíclico, de perseguir y criminalizar el libre mercado informal.
Siguen seguros del control social que ejercen, que les da la confianza de eventualmente poder impedir otro estallido social. Una apuesta que creen menos peligrosa para el sostenimiento de su poder hegemónico-totalitario, que permitir prosperidad, libertad y ejercicio soberano al pueblo. Una apuesta sin dudas, peligrosa.
¿ Y puede esperarse otra cosa de un país con un gobierno autoritario que acogota toda manifestación de libertad, e incluso donde el ministro de economía y planificación no es ni siquiera economista, ya que es graduado en la cujae como ingeniero en explotación del transporte maritimo?. pues así les va.