Cuba, sus jubilados y el respeto a la Ley

Jimmy Roque Martínez

HAVANA TIMES – En la calle Tulipán del municipio Plaza de la Revolución, como en casi todos los barrios del país, algunas personas acostumbran a vender mercancías. Generalmente son productos industriales y/o artesanales, y quienes las comercializan son personas mayores de 65 años, muchas ya jubiladas.

He visto en varias ocasiones a agentes de la policía junto a inspectoras estatales, multando allí a estos vendedores ambulantes, y casi siempre está presente un policía en particular, de estatura elevada y aspecto amenazador.

Este martes 2 de agosto fui testigo de cómo este agente, esta vez vestido de civil, junto a otras dos inspectoras, multaban a una anciana. Minutos después llevaron las mercancías hacia el camión de la policía que se encontraba muy cerca del lugar.

Fue entonces que me dirigí hacia a ellos y les pregunté qué destino tendrían aquellos productos que les quitaban a los vendedores que habían ya multado.

Por supuesto, el policía vestido de civil preguntó quién yo era, antes de responderme que los productos son guardados en los almacenes de los inspectores (ubicado en Mulgoba) para luego reponerlos en las tiendas o mercados, en dependencia del producto en cuestión.

Inquirí entonces si era posible verificar que tal mecanismo se ejecutaba correctamente, pues es de conocimiento común que los policías e inspectores muchas veces se apropian de las mercancías decomisadas.

El policía vestido de civil refirió que él no tiene obligación de dar explicaciones, que solo debe responder ante el Ministerio del Interior y ante la Seguridad del Estado, intentando anular mi derecho a cuestionarlo.

Durante la discusión que sostuvimos, el oficial me mostró su identificación para demostrarme que era ciertamente policía, mientras que las mujeres que lo acompañaban igualmente se identificaron como inspectoras.

Toda autoridad pública debería estar obligada a dar explicaciones y rendir cuentas a cualquier ciudadano que las solicite; pero ya sabemos que en Cuba hablar de derechos es en exceso sospechoso.

Si realmente se tratara de un país socialista, y si realmente los medios de producción fueran del pueblo, entonces estarían obligados a rendir cuentas de su gestión; pero como no es así, lo único que se propicia es la expansión de la corrupción.

Es sabido que en Cuba los salarios no alcanzan para vivir decorosamente, y que las jubilaciones de los civiles son miserables, mientras el costo de la vida cada día sube más y más.

Una de las causas (entre muchas) es la manutención de un ejército y un cuerpo policíaco tan extenso, sin contenido de trabajo real, que a falta de maniobras militares reales los emplean en decomisar fosforeras y cajas de cigarro a ancianas en las calles de esta ciudad.

Es preciso luchar por los derechos civiles y el control ciudadano, para acabar con la corrupción y los privilegios de las élites militares y políticas cubanas.