Cuba no tiene una ley de protección animal

Isbel Díaz Torres

Hace algunas semanas el programa televisivo La Mesa Redonda, célebre por sus aburridas sesiones de monólogos y sus sesgadas aproximaciones a los contenidos que toca, tuvo el buen tino de abordar el tema de las regulaciones ambientales en Cuba.

Me dispuse de buena gana a escuchar los más agudos conflictos que enfrenta la legislación cubana sobre el tema.

Según el periodista Randy Alonso, encargado de dar la seña para que cada integrante de la mesa diga lo que lleva escrito en sus papeles, el programa respondería a las cuestiones siguientes: “¿Cómo está establecida la legislación ambiental en nuestro país? ¿Cómo se cumple? ¿Qué se hace para hacerla efectiva? ¿Quiénes la violan y cómo se enfrentan?”

Altos directivos del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente, y del Ministerio de la Agricultura describieron cómo está estructurado el sistema cubano.  Sus aproximaciones, en todos los casos, dejaron al descubierto la visión utilitarista con que se entiende el medioambiente en nuestras instituciones investigativas.

La necesidad de una legislación ambiental, según esta visión, viene dada por la obligación de proteger los recursos naturales del país, en tanto estos son necesarios para su desarrollo económico.  Es por ello que, aunque mencionaron que una televidente pidió una ley para el bienestar animal, el tema no volvió a tocarse.

El término “recurso ambiental” coloca al resto de la naturaleza, de la cual somos parte integrante, en posición de deseable mercancía.  Todo el conocimiento que logremos conquistar, sería para explotarla al máximo.  Es una relación cosificada, que nos enferma de cinismo, y diluye cualquier espiritualidad posible.

Se habló en la mesa redonda de nuestra famosa Ley 81 de Medio Ambiente, tan avanzada en su momento, sobre todo en el ámbito latinoamericano.  Poco se dijo, no obstante, de sus lagunas.

La legislación existente se caracteriza por una gran dispersión, originada por la ausencia de un cuerpo único que recoja todo lo relacionado con la temática medioambiental.  Ello dificulta la efectividad de la norma jurídica e incrementa la figura del delito ambiental o ecológico.

Repetimos: es preciso que sea compilado un cuerpo único con todas las acciones u omisiones socialmente peligrosas que tipifiquen la figura del delito en materia ambiental.  El Código Penal vigente en Cuba no prevé su penalización, solo dispone sanciones a algunas conductas antijurídicas lesionadoras del medioambiente, por lo general asociadas a la protección de la salud, los bienes de las personas, y la economía nacional.

Si alguien tortura a un gato, especie cuya lecha o carne no consumimos ¿recibiría alguna sanción? ¿y si lo mata?

¿Por qué vemos con frecuencia particulares que capturan aves rapaces para ornamentar sus hogares? ¿No es ello un tipo de tortura para especies que necesitan amplios espacios para volar? ¿Dónde están los inspectores que se ocupan de esos temas?

¿Y si estos actos violentos son cometidos por instituciones? Si la tala de un bosquecillo urbano deja en el suelo varios nidos de aves con pichones agonizando, como hizo hace muy poco el Ministerio del Interior en Santa Fé ¿a quién se le pone la multa? ¿A cuánto asciende?

Hablo de inspectores para recurrir a la lógica de los ponentes de la mesa.  Ya saben que no soy partidario de los cuerpos represivos de ningún tipo.  Me gusta apostar por la educación, el control social, la autorregulación de los individuos y las comunidades.

El programa puso ejemplos de medidas tomadas contra “incumplidores de la legislación ambiental, que no han asimilado la responsabilidad que tienen con la sociedad.” Eso no está mal, pero sabemos que muchas veces son medidas cosméticas, pues no eliminan las causas que generaron el problema.

Hace algún tiempo conocí la ONG cubana ANIPLANT.  Gracias a su directora supe que varias personas en el país vienen pensando hace tiempo en la necesidad de una Ley de Protección Animal.  Algunas incluso han trabajado en ello, pero hasta ahora ha sido infructuoso.  Pensé que quizás ella estaría invitada al programa para contar sus guerras a favor de los animales, y las ineficiencias legales que ha debido enfrentar.

Demasiados documentales pasan por la TV donde nos muestran hasta policías de animales, refugios, clínicas especializadas, proyectos de protección ambiental.  Después, cuando sales a la calle, lo más cercano que ves es a Zoonosis tomando a un pobre perro por la cola, darle dos vueltas en el aire y lanzarlo de cabeza contra el metal del carro de recogida, cuyo golpe acalla el alarido triste del can.

Así lo llevan a la cámara de gas donde nuestras instituciones de salud se deshacen de los perros callejeros.  Nada de campañas de adopción, programas de vacunación o esterilización.  Solo muerte.

Considero que lo único interesante de la mesa fue la intervención del periodista José Alejandro Rodríguez.  Varias personas me comentaron después que la pasión y sinceridad con que habló causaron un impacto muy positivo.  Es evidente cuando hay un verdadero involucramiento, cuando la indignación es real, y cuando hay una crítica aguda de la mano de una postura propositiva.

José Alejandro refleja en todos sus espacios, ya sea TV o prensa escrita, las denuncias que le hacen las personas.  Investiga.  Interpela a las instituciones y a los gobiernos municipales como un verdadero revolucionario empoderado de sus derechos.  Llama las cosas por su nombre y me imagino que se habrá buscado buenos problemas en el ejercicio de su profesión.

La Mesa Redonda debería invitarlo con más frecuencia, y a otros “conflictivos” como él.  Ganaría mucho en prestigio y credibilidad el espacio.

Otros tópicos como el desarrollo e introducción a gran escala en los campos de Cuba de cultivos transgénicos de maíz y de soya, así como las ya públicas violaciones que han cometido las instituciones científicas nacionales durante el proceso, no fueron analizados.

Una copia que pude leer del proyecto de Estrategia Ambiental, del Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente para el período 2011 – 2015, tenía como meta la “puesta en vigor de las regulaciones para la exploración, extracción, transportación y procesamiento de hidrocarburos.” Esa meta me hace pensar que todos estos años las actividades relacionadas con los hidrocarburos han funcionado fuera de la ley ¿estoy equivocado?

Otra meta era “aplicar la responsabilidad civil por daños ambientales y la responsabilidad penal por delitos contra el medio ambiente.” Otra cosa que al parecer no se venía haciendo, y no fue expuesta en la mesa redonda.

En fin, que es muy difícil ser juez y parte.  Si se va a evaluar el trabajo de quienes diseñan y aplican las legislaciones ambientales, además de ellos debieran estar presentes sus contrapartes.  Pero ¿estará La Mesa Redonda interesada en el debate?