La cosa se pone peor

Por Irina Echarry

HAVANA TIMES – Desde hace días la televisión brinda una gran cobertura noticiosa sobre la labor de la PNR, no solo reporta operativos policiales en cada emisión diaria del noticiero, sino retransmite la serie Patrulla 444, y en distintos espacios elogia su trabajo; todo esto deja algo bien claro para la población: están puestos para el daño.

Así se expresan muchos, y no siempre con el mismo tono. Para algunas personas significa que es un momento difícil para desarrollar algún tipo de negocio, trueque, venta o “resolver” cualquier cosa. Otras confían en que ahora sí se van a acabar las ilegalidades que tanto impiden el fluir de nuestra economía.

En Cuba la crisis es perenne, eso quién no lo sabe; la pandemia solo ha venido a profundizarla. Desde el inicio me propuse no malgastar mi tiempo en las colas. Me parece una vergüenza que el mundo entero esté preocupado por las consecuencias ambientales, sicológicas, espirituales que esta enfermedad traerá, y nosotros solo hablamos de las colas. No solo la gente de a pie, que debe sufrirlas, sino también los medios de comunicación y la dirección del país, que tal parece solo se enfoca en dar solución a algo que nunca soluciona.

Pero, el problema es más serio. Ya no se trata solo de evadir o no colas interminables. La gente necesita comer. Está demostrado que el arroz normado -de la libreta- no alcanza a la mayoría de las personas. También se sabe que no hay comercio de ningún producto liberado, que las tiendas en divisas no están trabajando a plenitud, solo venden lo imprescindible, y de manera inestable. Si a eso sumamos “el fuego” del Gobierno contra el mercado negro, nuestras posibilidades a la hora de buscar comida son cada vez más estrechas.

En los agros estatales el abastecimiento tampoco es constante, ni los productos tienen la mejor calidad y, otra vez, las colas son intensas cuando surten, primero porque los precios allí son más asequibles, y segundo, porque se han convertido en la única opción para comprar viandas.

Generalmente, muchas personas acuden a los agros de oferta y demanda, esos que se conocen como “los caros”, donde los precios son altos, pero hay diversidad de productos con buena calidad. Pues ahora esos sitios no tienen viandas ni vegetales ni frijoles. Todavía se puede comprar frutas y condimentos, pero ¿hasta cuándo?

Aunque los reportajes policiales televisivos son diarios: sobre desvíos de recursos, acaparamientos, reventa con alteración de precios, o desarrollo de actividades que no están autorizadas, etc., no hay un pronunciamiento oficial y concreto sobre las consecuencias que todos esos operativos están trayendo para la vida diaria de las personas. Sin otra opción, debemos quedarnos con los comentarios.

La cosa se pondrá peor todavía si los campesinos se niegan a sembrar, me dice una trabajadora de un agro de oferta y demanda: “El Estado quiere que vendan a un precio que no cubre las inversiones, más la fuerza de trabajo. Por ejemplo, yo tengo que pagar la caja de limón a 1000 pesos, y el Estado pretende que lo comercialice a 10 pesos la libra”.

Aunque no me dice cuántas libras caben en una caja, por su cara me doy cuenta de que no son tantas como para que le dé ganancia. Así, la vitamina C hay que adquirirla por otra vía. Porque cuando aparece alguien arriesgándose con la venta de limón sin cumplir los requerimientos establecidos, los precios oscilan de siete a diez pesos cada limón, algo casi impagable para la mayoría de las personas.

Una explicación a la falta de productos, que circula de boca en boca, es que “se están metiendo en las fincas y obligando a los guajiros a vender las producciones al Estado, a bajos precios, para abastecer los hospitales o centros de aislamiento donde están los enfermos o sospechosos de Covid-19.

La otra explicación de los vendedores de esos agros es que los camiones que transportan las cargas no logran llegar a ellos; son interceptados por inspectores y la policía, quienes, cuando hay alguna irregularidad, decomisan la mercancía en el camino e imponen grandes multas a los implicados. Evidentemente, siguiendo esa lógica, si los agros están vacíos es porque siempre encuentran irregularidades.

Entonces yo, que llevo tantos años comprando ahí y viendo a las mismas personas vender, no entiendo nada. Pregunto: ¿pero ustedes no tienen contrato con cooperativas? Eso que han hecho durante tanto tiempo ¿no es legal? Sí, me responden, tenemos contrato, pero es un “tape”.

 Asociarse a una cooperativa no significa mucho, solo garantiza la legalidad para vender, “pero imagínate si esta cooperativa solo produce hortalizas, por ejemplo, si yo fuera a vender solo lo que produce la cooperativa a la que estoy asociada me muero de hambre”. Para tener variedad en los puestos deben comprarles a otros con los que no tienen contrato. Y así lo han hecho todos los vendedores durante años y años; pero justo ahora, en plena crisis agudizada, con tantas personas sin salir de las casas, ansiosas, el Estado pretende erradicarlo.

La estrategia para frenar la expansión de la Covid-19 es aislar lo más posible los municipios, los repartos, las personas, evitar aglomeraciones. En algunos lugares han entregado tarjetas a los residentes, para impedir el trasiego de un municipio a otro. Por ejemplo, si usted -a pesar de la suspensión del transporte público- consigue llegar hasta Centro Habana, no podrá comprar en ningún sitio si no presenta esa tarjeta.

Lo que pasa es que no todos los municipios tienen una red comercial tan grande y dinámica. Entonces, si no podemos salir a explorar otros lugares, si la cuota no alcanza, si no se puede comprar en los agros, ¿cuál es la opción? Eliminen todas las ilegalidades que quieran, aún después que las han naturalizado, pero el pueblo necesita comer.