“Inspectores integrales” en Cuba ¿Justicia o exceso?
HAVANA TIMES – Ese día Tania salió a trabajar temprano, como desayuno una taza de café que tomó en mi casa. Tres años de amistad nos han llevado a compartir lo mucho y lo poco. Hace meses que está cocinando con carbón cuando no hay electricidad, la bala del gas se le acabó y rellenarla cuesta “un ojo de la cara” como se dice en buen cubano.
Obligada por la necesidad comenzó a trabajar en un kiosco como vendedora. Casi catorce horas seguidas por 800 CUP, no es mucho, pero con ese extra ayuda a su esposo a mantener a flote el hogar.
Si ella tuviera una bola mágica para adivinar el futuro se habría quedado en casa, solo que la magia no existe, por lo menos para los cubanos pobres. Comenzó su jornada laboral con las ojeras marcadas luego de una noche oscura, calurosa y repleta de mosquitos.
La mañana avanzaba y apenas pasaban clientes. Antes en ese kiosco se elaboraban pizzas y panes, lo que atraía a muchas personas. Eso cambió cuando la falta de materia prima obligó al dueño a vender solo confituras y bebidas.
Tania se trasladó a la parte trasera del local, sacó un cigarro y comenzó a fumar. Al ver que se acercaban dos clientes lo arrojó. No podía imaginar que eran inspectores integrales y que habían visto el cigarro.
Fue multada con 36000 CUP por haber fumado dentro del local y llevar una cadena al cuello. ¡Sí, treinta y seis mil pesos!
Los inspectores integrales son trabajadores estatales encargados de controlar que se cumplan las normas en diferentes sectores: comercio, higiene, precios, transporte, servicios y otros. Su campo de acción es amplio y su autoridad también.
Su función es velar por el orden y la legalidad, detectan irregularidades y actúan en consecuencia. Tienen la autoridad para imponer multas, decomisar productos y emitir advertencias. Se han vuelto más activos en la vida cotidiana de los cubanos y su trabajo se percibe como una amenaza.
Fumar en un centro laboral está prohibido por normas de salud pública. Hasta ahí, todo bien. Una multa de 36000 CUP en un país donde el salario promedio ronda los 3000 CUP mensuales, es un abuso.
Esto me lleva a varias interrogantes ¿Hasta qué punto se están aplicando las leyes con justicia y sentido común? ¿Quién protege al ciudadano cuando la balanza parece inclinarse menos a la orientación y más hacia el castigo? ¿Ameritaba ese monto? ¿Hubo una advertencia previa? ¿Se consideraron las circunstancias?
No pretendo defender que se fume donde no se debe, el asunto es cuestionar el equilibrio entre la infracción y la penalización. Las multas deberían tener un carácter preventivo y educativo porque cuando se convierten en castigos exagerados lo único que generan es temor, resentimiento y desconfianza.
La mayoría de los cubanos no conocen sus derechos ni los procedimientos para apelar este tipo de decisiones. Tocamos muchas puertas, algunas se abrieron, otras no. Todos nos decían que la multa era abusiva, ella tenía derecho a reclamar, a pesar de tantos esfuerzos lo único que conseguimos fue una rebaja a 18000 CUP, aún demasiado alta para sus ingresos.
Estoy de acuerdo en que es necesario el orden y la disciplina, pero con eso también debe ir la proporcionalidad y la justicia. No es lo mismo sancionar a alguien que fuma mientras elabora alimentos que a una persona que enciende un cigarro en la parte trasera de un local donde solo se ofertan productos envasados.
Cada vez existen más anécdotas de personas comentando experiencias similares. Sanciones exageradas, poca claridad en las normas y un control que muchas veces se percibe como forma de presión.
La presencia de los inspectores integrales en la calle no se debe traducir en miedo, sus acciones tienen que proteger al ciudadano y no convertirse en un nuevo rostro del abuso. Cumplir la ley es importante, aplicarla con sentido común y humanidad lo es mucho más.