Manifestantes luchan contra los esfuerzos para prohibir las “ciudades santuario”

Por Emelina Rosa (reportando desde Phoenix, Arizona)

HAVANA TIMES – Los manifestantes interrumpieron una audiencia que tuvo lugar recientemente en el Senado del estado de Arizona, sobre una propuesta para prohibir las ciudades santuario, pero fueron retirados por la policía estatal. Las ciudades santuario son pueblos o incluso estados que han decidido limitar su cooperación con los funcionarios de Inmigración que intentan sacar a las personas de sus comunidades.

Cinco estados, incluidos California, Nueva York e Illinois, y las ciudades de Boston, Denver, Nueva Orleans, Filadelfia, Baltimore y Jackson, Mississippi, votaron para proteger a los migrantes, mantener unidas a las familias y reducir el miedo a la deportación.

El término “santuario” no está bien definido, pero la idea surgió hace mucho tiempo, cuando las personas podían acudir a una iglesia para buscar refugio de la persecución. Muchas familias tienen miembros tanto indocumentados como documentados, que generalmente son niños nacidos en los Estados Unidos, y otros han vivido aquí por muchos años sin documento alguno. Hasta la llegada de Trump, las personas indocumentadas que se mantenían fuera de problemas y mantenían un perfil bajo, generalmente estaban a salvo de la deportación arbitraria.

Estar en los Estados Unidos de manera ilegal no es un delito, sino una violación civil. Hacer que los policías locales hagan cumplir la ley de Inmigración, desvía el uso recursos destinado a delitos más graves y hace que las comunidades sean más peligrosas. Los estudios han señalado aumentos en la delincuencia, cuando los migrantes temen hablar con las fuerzas del orden público, temen denunciar la violencia doméstica y otros delitos, e igualmente temen dar testimonio de testigos, porque no pueden confiar en la policía.

Las ciudades santuario son más seguras, ya que la policía puede enfocarse en crímenes reales, en lugar de estar buscando a los inmigrantes como chivos expiatorios. En muchos casos, los migrantes son detenidos por infracciones menores de tránsito y arrestados cuando no pueden presentar una licencia de conducción, que la mayoría de los estados no les permiten obtener, por lo que la falta de señalar un cambio de carril termina con una deportación y una familia separada.

La legalización no es ni rápida ni fácil, por el contrario, es un proceso largo, complejo y costoso. Muchas personas nunca podrán legalizar su estado, ya que ingresaron al país sin una visa. Un padre indocumentado podría ser patrocinado por un niño nacido en los EE.UU., quien automáticamente al nacer se convierte en ciudadano, pero el pequeño debe tener al menos 21 años, además existe un límite para cuántas personas pueden hacerlo, y el período de espera puede llegar hasta los veinte años.

El matrimonio con un ciudadano estadounidense tampoco es un camino automático. El no ciudadano debe abandonar los Estados Unidos y esperar, a veces, hasta diez años. ¡Imagine lo que eso le haría a tu matrimonio! Esas cargas no existían cuando nuestras familias cruzaron la frontera mexicana o pasaron por la isla Ellis.

Si bien ha habido un puñado de casos de migrantes liberados de la detención y que cometieron crímenes horribles, estos son solo unos pocos incidentes que explotan en la prensa. La gran mayoría de los inmigrantes son respetuosos con la ley y muy trabajadores, laboran en los campos y en las cocinas de los restaurantes, limpian las habitaciones de los hoteles y trabajan al sol durante los meses más calurosos del año. Igualmente comienzan negocios, compran casas, pagan impuestos, sufragan la seguridad social, se casan con ciudadanos estadounidenses y forman familias. Hacen todo lo posible por evitar problemas.

Los migrantes tienen más probabilidades de ser víctimas de violencia que los propios perpetradores. En los últimos años, decenas de miles de migrantes han llegado a la frontera de los Estados Unidos para solicitar asilo. Huyen del peligro en sus países de origen, la mayoría de ellos son de México, Guatemala, El Salvador y Honduras, también Cuba y Venezuela.

El proyecto de ley 1007, patrocinado por la senadora Sylvia Allen, dice que las ciudades santuario son “un refugio para los carteles de la droga”. No niego que los carteles existan, pero los migrantes son víctimas de los carteles y de las condiciones de impunidad y corrupción que les permiten prosperar. Dejan todo atrás y huyen para salvar sus vidas cuando sus negocios son extorsionados, sus hijas llaman la atención de algún gánster o se les dice a sus hijos que se unan a la pandilla “y si no lo hacen…”

El mismo sistema que origina el proyecto de ley 1007 produce y reproduce los carteles. Los carteles mexicanos comenzaron por alimentar el insaciable mercado de drogas en los Estados Unidos de América. Durante la década de 1980, el Gobierno de los EE.UU. usó las ganancias de las ventas de drogas para financiar a los Contras en Nicaragua y desde entonces ha estado implicado con los narcotraficantes mexicanos. La mayoría de las armas de alta potencia utilizadas por los carteles fueron fabricadas en los Estados Unidos, donde los conservadores rechazan el control de las armas.

Reto a nuestros legisladores estatales para que visiten uno de los campos de detención que mantiene el ICE y nos digan cuántos pandilleros hay. Por favor percátense que los niños duermen en pisos de concreto y comen sándwiches de mortadela congelados, que también faltan duchas y ropa limpia. Deberían asegurarse de visitar la hielera, las celdas de detención iniciales, que por su diseño se mantienen congeladas. Docenas de migrantes, incluidos niños pequeños, han muerto detenidos desde que se implementaron las medidas severas actuales.

En Arizona, los esfuerzos dirigidos por los republicanos en la Legislatura del estado para aprobar las prohibiciones de las ciudades santuario son una respuesta a los esfuerzos del año pasado para hacer de Tucson la primera ciudad santuario del estado. El proyecto de ley 1007 del Senado ya no es necesaria, ya que las ciudades santuario fueron prohibidas en Arizona en 2010. Ese es otro intento de provocar sentimientos antinmigrantes, en lugar de trabajar para encontrar soluciones reales a problemas reales.

El proyecto de ley 1007 refleja la infame ley 1070, aprobado en 2010. La mayoría de sus disposiciones fueron anuladas por ser inconstitucionales, pero la prohibición de las ciudades santuario continúa. Un movimiento vigoroso para oponerse al proyecto de ley 1070 se extendió por todo el estado y provocó boicots internacionales.

Ambos proyectos “un retorno al racismo, a la división y el odio”, dijo Hugo Polanco, cabildero de Lucha (Living United for Change Arizona), quien testificó contra el proyecto de ley 1007 del Senado.

Polanco calificó la medida de racista y, en respuesta, el juez canceló la audiencia y los policías se trasladaron mientras los manifestantes corearon: “¡Que hable la gente! ¡Que hable la gente! y “¿De quién es la casa? ¡La casa es nuestra!  ¡Eliminen la ley! ¡Eliminen la ley!  Polanco es hijo de inmigrantes mexicanos y creció en Phoenix. Su tío, Ángel, extendió su visa y ayudó a criarlo.

“Me entristece escuchar que las áreas que represento son retratadas como una zona de guerra”, dijo la senador Andrea Dalessandro, de Green Valley.