Un país normal

Armando Chaguaceda

HAVANA TIMES — De cuando en cuando, al conversar en tierra mexicana con amigos, conocidos o taxistas, me cuentan sus deseos de conocer Cuba. La mitología de la Revolución, los relatos de sexo candente, las ofertas de turismo de salud o, simplemente, las ganas de pasear por la Habana Vieja y zambullirse en Varadero, les incitan a preguntarme sobre la mejor época para visitar mi tierra natal. Y yo, de un tiempo a la fecha, les respondo lacónicamente: ve, antes de que Cuba sea un país normal.

Lo que sucede es que la normalidad –el vivir bajo una economía capitalista, sin las generosas políticas sociales que caracterizaron durante varias décadas al socialismo cubano- se va instalando como una amarga certeza en la vida cotidiana de la gente.

No de quienes pagan caros cubiertos en fastuosas cenas navideñas o compran los últimos artilugios de moda y confort.  Sino de la mayoría de una población agobiada por el subconsumo acumulado, deprimida por los indecentes salarios y, para colmo, desubicada –en su capital humano y material- para la inserción exitosa en las reformas de mercado actualmente en curso.

Reformas que, siguiendo las enseñanzas de un libro reciente (“Porque fracasan los países: los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza”, Daron Acemoglu & J. A. Robinson, Crítica, Barcelona, 2012) revelan cómo, bajo un gobierno autoritario, las instituciones políticas y económicas refuerzan mutuamente su carácter extractivo; en círculos viciosos que alejan las posibilidades de cualquier desarrollo incluyente, justo y democrático.

Tal lógica crematística es la que anima la actual liberalización –formalmente positiva- de la venta de autos. Digo formalmente puesto que cualquier medida que expanda el confort de sectores de la población y, a la vez,  erosione el poder de la burocracia para asignar, directa y discrecionalmente, bienes de consumo posee, a mi juicio, un efecto humano y un potencial pluralizador.

Sin embargo, las formas de implementación de la medida están revelando una lógica extractivista superior, incluso, a los niveles anunciados por el gobierno. Según un cálculo preliminar – en relación a los precios conocidos- ahora mismo hay en Cuba autos vendiéndose, al contado y sin crédito, al 800 % de su precio corriente en EEUU y México. Países estos donde, además, los salarios son mayores y las infraestructuras viales y de servicio infinitamente superiores.

Decididamente la gerontocracia insular está aplicando a sus habitantes una política comercial híbrida, que remite a los bantustanes y los emiratos: paga a sus trabajadores/consumidores como si vivieran en bantustanes y les cobra bienes y servicios como si vivieran en emiratos.

Aunque con tal política de precios las tasas de ganancia -para recordar al viejo Marx- son por el momento siderales, puede que veamos dentro de algún tiempo al gobierno -obligado a rotar el stock almacenado y tras haberse tragado una montaña de plata ajena- anunciar que habrá financiamiento -con tasas presumiblemente onerosas- y una paulatina rebaja de costes (acaso al 400 % ?¡) en la compra de autos.

Medidas que probablemente algunos espíritus amaestrados aplaudirán como resultado de la “participación y demandas populares”,  dentro de unas reformas al son de “sin prisa pero sin pausas”. Mientras tanto, la compraventa de viejos Ladas y almendrones será, además de un acto de cuasi rebeldía y subversión antimonopólicas, la opción accesible para quienes, con algunos ahorritos, pretendan trasladarse por cuenta propia…

Queda por ver si el importe recaudado por tan leonina política de precios se traduce en la sostenida mejora del transporte público, gracias al Fondo especial anunciado para tal fin. En ausencia de una contraloría social independiente, el estado puede decidir el uso de esos recursos como mejor le venga en ganas, para actos políticos, casas para militares u operativos policiales.

Ojalá esos dineros refuercen la base material, el fondo salarial y la capacitación de nuevas cooperativas de transporte urbano, donde los trabajadores puedan combinar la autogestión con una mejora general de sus ingresos y, por fin, un servicio a la altura de la demanda ciudadana.

Cambios como el de la venta de autos, amén de sus efectos positivos para cierta capa de cubanos, reproducen no solo las condiciones mayoritarias de pobreza y desigualdad, sino que benefician a actores e intereses concretos (burocracia tradicional, tecnocracia del sector emergente, pequeña burguesía) interesados en sostener sus posiciones hegemónicas o en ampliar una inserción subordinada que les permita acceder a niveles crecientes de consumo a costa de negociar su apoyo o protagonismo políticos.

Y cuando esto no va de la mano de una redefinición del gasto social -capaz combatir los efectos nocivos de dos décadas y media de crisis sobre la población cubana- o de una expansión de los derechos políticos ciudadanos, semejantes espacios de mercado no son capitalizables para el empoderamiento de la gente. Conducen, en todo caso, al reciclaje de la alianza dominante que rige los destinos del país.

Por eso, cuando invito a mis amigos a apurarse para no conocer otro país normal creo que lo que realmente hago es proyectar, al presente, mis buenos recuerdos -tal vez idealizados- de una Cuba que ya no existe más. Pero cuyos hacedores –nuestros padres, abuelos, parientes- (sobre)viven en la isla tras entregar lo mejor de sí a la construcción de un futuro mejor.

La realidad es que las emblemáticas conquistas sociales de la Revolución, que tanto beneficiaron a las mayorías trabajadoras, están hoy en retirada. Y que asistimos al tránsito a un capitalismo de estado, sostenido en un modelo de crecimiento extractivo, monopolista y rapaz; en cuyos cauces es virtualmente imposible sentar las bases de un auténtico Estado de derecho y un desarrollo inclusivo.