La agenda subóptima

Armando Chaguaceda

HAVANA TIMES – En estos días han sido publicados en varios medios oficiales y alternativos de la isla diversos análisis y testimonios en torno a la discusión de los cambios constitucionales en Cuba. Prefiero referirme aquí al proceso desde lo probable en lugar de lo deseable.

Entendiendo lo primero como aquello que, en sintonía con el nivel y tipo de participación y cultura políticos mayoritarios, debe producirse. Y lo segundo con una agenda de reformas amplias y audaces, con visible carga normativa, que no parece cobrar fuerza en el escenario actual.

En la actual coyuntura veo tres escenarios/agenda de voto ligados a la reforma constitucional.

El primero, oficial, de niveles altos de participación y aprobación en bloque de los cambios constitucionales.

El segundo, opositor, de voto negativo -que podría manifestarse de dos maneras, no acudiendo a las urnas, o votando “no”- complicado por los problemas para la observación electoral independiente, la movilización adversa al gobierno y la propia división en el seno de los grupos disidentes. Es, de hecho, la opción con la que me siento identificado, aunque mantengo reservas de su viabilidad en las actuales circunstancias.

Un tercer escenario intermedio, al que he identificado como subóptimo desde un debate sostenido en México DF hace poco más de un año, parece ser abrazado por una mayoría de ciudadanos de a pie. Esta ruta abogaría por cambios decisivos en la esfera socioeconómica con algunos ajustes, más o menos amplios, en la dimensión política. Tendría mucha sintonía con lo arrojado por sondeos recientes (http://www.cubadata.com/files/resultados.pdf) y por las referencias que me llegan de colegas y otros ciudadanos participantes en la fase de discusión actual en la isla. Más espacio para la iniciativa privada, el reconocimiento de nuevos actores emergentes (empresariales y sociales), la limitación de mandatos, una separación de cargos a alto nivel del Estado y la mayor modernización de la administración pública y autonomía de gobiernos locales, entre ellos.

Ello podría conducir al país a un régimen diferente al orden actual, mediante una suerte de modernización (intra)sistémica, sin rupturas con el patrón de lealtad al imaginario revolucionario. Sus promotores podrían votar sí, señalando seguido en la propia boleta puntos específicos -como críticas y/o propuestas- para una agenda afín, no tendría valor legal pero sí político. Lo que, en una nación donde el conocimiento y respeto a la ley por gobernantes y gobernados ha tenido históricamente magro desempeño, no será para muchos una mala opción de intentar ser escuchados en sus reclamos aún sin la garantía de ser respetados en sus derechos.

Estaríamos, en caso de producirse ese escenario en la forma del voto y la correspondiente recepción oficial, en la antesala inaugural de un régimen que evolucionaría, paulatinamente, a un autoritarismo más abierto en lugar del modelo actual. Uno que podría conducir, en el mediano plazo, a los carrillones del Kremlin en lugar de a la Plaza Tiannamén.