La agenda de Biden hacia Cuba: crítica a sus críticos

Por Armando Chaguaceda

HAVANA TIMES – Los reclamos unilaterales hacia la Administración Biden, por su revisión actual hacia la política hacia Cuba, no cesan. Provienen de académicos influyentes, oenegés humanitarias y empresarios filántropos. Todos unidos en el lobby pro engagement.

Sus propuestas son replicadas en redes sociales, bajo una retórica atrayente de reconciliación y despolarización. También avanzan en caravanas por suelo estadounidense -gracias a las garantías de la república democrática- prometiendo idílicos puentes de amor.

A la actual Administración demócrata la acusan de seguir una postura rehén de votantes cubanoamericanos y ser continuadora de las medidas de Trump. Sin detenerse a evaluar las causas, les molestan los síntomas.

¿Acaso la radicalización republicana de ese electorado -en especial de su sector más joven y despolitizado- no revela un rechazo a la situación imperante en la Isla, esa que afecta a sus parientes y sus propios derechos como emigrados, más que cualquier influencia ideológica del trumpismo?

Además ¿es puramente cálculo electoralista lo que justifica la actual revisión de la política hacia Cuba de la Administración Biden? ¿Tan poco estiman la experiencia política y los valores democráticos de un Gobierno al cual muchos votaron?

En su mirada sesgada, los promotores del engagement desestiman cualquier responsabilidad de La Habana en la actual parálisis de las relaciones bilaterales.

¿Por qué no consideran, de paso, cómo, desde la bien intencionada Administración de Obama, el Gobierno cubano incrementó la represión a todo activismo (incluidos los moderados que entonces apostaban por el restablecimiento de relaciones), paralizó las reformas (contra sus propios planes oficiales y el consejo de los economistas nativos) y auspició el atrincheramiento del régimen de Maduro, creando una crisis humanitaria regional?  Si van a exigir en nombre de lo justo y humano, ¿no es más coherente hacerlo a ambas partes?

Los críticos de la Casa Blanca no parecen reconocer situaciones derivadas de las acciones del Gobierno cubano, que impactan los principios y márgenes de maniobra de la actual Administración. Acciones que van incluso más allá de lo estrictamente bilateral, pues complican la situación hemisférica, en lo geopolítico y lo humanitario.

¿No es acaso esa actitud de La Habana similar a la de otros gobiernos aliados -como el nicaragüense o el venezolano- empeñados en sabotear cualquier propuesta de mejoras en su relación con EUA, si esta va de la mano con mejoras en los derechos de sus poblaciones? 

¿El apoyo a Maduro y el reforzado lazo con Putin no han sido evidenciados por las autoridades cubanas, en declaraciones y acciones prácticas, durante los pasados años? ¿Cómo es posible ignorar eso, cuando se asegura que no hay responsabilidad alguna de La Habana en las movidas geopolíticas que han erosionado el entorno democrático regional, en tiempos recientes?

Por decirlo de modo simplificado: en las dimensiones cívica, económica y geopolítica, La Habana ha tenido una dosis fundamental de responsabilidad en la situación actual de sus relaciones con EUA. Atribuir al legado del trumpismo, con todo lo nefasto que haya podido ser para la política interna, exterior y el prestigio de EUA, ser el marco explicativo principal de la crisis que hoy afecta al cubano de a pie es, cuando menos, naive.

Quienes poseemos el privilegio de formación científica, acceso a la información y libertad de expresión de una sociedad abierta, podríamos adelantar una mejor perspectiva sobre la crisis cubana. Poniendo a su población en el centro. Y evaluando a la vez cómo lidiar con el principal responsable del deterioro de su situación actual.

Quienes tenemos familiares y amigos en la Isla, sabemos que la inmensa mayoría de sus problemas no deriva de restricciones derivadas de las medidas de Trump o Biden, sino de las decisiones de Castro y Díaz-Canel. 

Podría hacer aquí una larga lista de dificultades cotidianas de nuestros compatriotas, todas emanadas de la forma en que la élite cubana gobierna el país, utiliza los recursos disponibles y administra los derechos de la gente.

Para solo mencionar datos accesibles a cualquiera y como botón de muestra, revisemos lo que la Oficina Nacional de Estadísticas indicó del gasto en inversión hotelera durante 2020 (en plena pandemia) en detrimento del gasto social.

Evaluemos las cifras (y modalidades) de represión a cientos de ciudadanos que exigen pacíficamente sus derechos. Analicemos lo que señaló la cúpula del Partido Comunista en el documento programático emanado de su último congreso. Nada de ello tiene que ver con “incentivos” o “restricciones” trumpistas o bidenianos.

En el establishment pro engagement, la población insular parece mero paisaje al hablar del tema cubano. Una variable incómoda a la que solo habría que aproximarse -e invocar- desde algo parecido a la caridad, la resignación o el cinismo.

Paradójicamente, se parecen a sus declarados archienemigos. Pues quienes piden embargos totales -sin correr la suerte de los afectados- o hablan de relajar toda sanción a la jerarquía castrista -sin asignarle la responsabilidad en la crisis nacional- comparten, paradójicamente, una postura: la de ignorar a las mismas víctimas que invocan, supuestamente en su defensa. 

Hay margen para una política más inteligente, democrática y firme. El Gobierno de Biden podría ahora mismo incluir a Cuba en la donación global de millones de vacunas, ayudando a combatir una pandemia que se agrava cada día en la Isla. También ayudaría restablecer los consulados y revisar las restricciones actuales en el envío de remesas. Todo eso sería una postura humanitaria unilateral, que beneficia al pueblo cubano.

Pero es políticamente pragmático y éticamente correcto, junto a lo antes mencionado, mantener y ampliar las sanciones a funcionarios y entidades cubanas, violadoras de DDHH.

También, impulsar multilateralmente -involucrando a gobiernos y organizaciones democráticas de Latinoamérica y Europa- una agenda de acompañamiento a la emergencia cívica en la Isla. En especial a esos jóvenes, afrodescendientes, mujeres y artistas, que ahora mismo luchan por un país digno de ser vivido. En el que puedan promuevan sus intereses y derechos, del mismo modo que los pro engagement luchan por los suyos, sin sufrir la criminalización o el exilio.

La actual revisión de la política hacia Cuba es una postura congruente con la agenda de la Administración Biden, orientada a privilegiar la defensa multilateral e integral de la democracia y los DDHH.  Como ninguna política (exterior o doméstica) puede prescindir de un balance entre lo pragmático y de lo normativo, es necesario revisar cualquier política que dañe al pueblo cubano, rehén de una élite dominante.

Pero invisibilizar la responsabilidad del Gobierno de Cuba, en el mismo momento que amplía la restricción de derechos a sus ciudadanos (no solo por motivos políticos) y persiste en una política económica en medio de la contingencia sanitaria, es analíticamente falaz. Y cívicamente insolidario con una población victimizada por sesenta años de autoritarismo. Falacia e insolidaridad replicadas, una y otra vez, desde los círculos del lobby pro engagement.

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