Invocando Derechos…. para ser Humanos

Armando Chaguaceda

Después de un prolongado reposo, impuesto por una de esas temibles “enfermedades profesionales” (tendinitis) retomo esta columna de Havana Times, deseoso de compartir ideas y experiencias.

Algunas nacen de mis primeros pasos por el curso Los derechos humanos (DDHH) desde abajo: aportes de los movimientos sociales contra-hegemónicos hacia la construcción de paradigmas alternativos, una feliz iniciativa de formación virtual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) donde desde hace un mes comparto saberes con académicos y activistas del Caribe, Centro y Sudamérica.

Como cubano, provengo de un país donde el tema DDHH es objeto de miradas demasiado sesgadas -y manipuladas- por parte del gobierno y sus oponentes; y resulta materia de ignorancia de una población a la cual solamente mencionarle la frase Derechos Humanos en un lugar público le provoca reacciones de temor y sospecha.

Por ello me sedujo la idea de “alfabetizarme” en un foro que combinara la apelación básica a los DDHH -tan necesaria a los cubanos- con las experiencias de luchas sociales en contextos donde la legitimidad alcanzada por el discurso de los DDHH choca con los resultados reales deshumanizantes de las políticas neoliberales.

Los DD.HH pueden definirse como conjunto de derechos básicos que definen la condición de la persona y su dignidad como tal, son formas jurídicas y culturales que evolucionan en dependencia del contexto, la militancia, los valores y cosmovisiones del sujeto y su sociedad.

Pueden legitimar la exclusión de grandes mayorías -mediante discursos y prácticas que instrumentalizan o restringen derechos en beneficio de los poderosos- o trascender las instituciones y dominantes.

Como campo de confrontación entre proyectos emancipadores y dominantes, los DDHH se plasman en instrumentos como la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” (ONU, 1948) o la “Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos” (Argel, 1976) que son fruto de las luchas de liberación populares y nacionales de los últimos doscientos años y parte del patrimonio cultural de la civilización.

Los debates del curso han sido fascinantes.  En nuestras pláticas hemos comprendido que “El Sur” no se reduce hoy a una localización geográfica, porque abarca múltiples formas de subordinación (explotación económica; opresión ética, racial o de género y similares) asociadas con la globalización neoliberal.

Que tanto los estados como los pueblos son sujetos de los numerosos derechos civiles, políticos y derechos económicos, sociales, culturales y ambientales que rebasan la ley formal y escrita, que “se hace derecho al andar  y que aquellos procesos, colectivos y líderes sociales trascendentes (como la revolución haitiana, los movimientos sociales; Gandhi, Luther King) han generado nuevas normas y prácticas.

Históricamente se ha ido definiendo desde arriba una visión de derechos universales que desconoce contextos diferentes, desiguales y culturalmente diversos, con un Estado que asumió el monopolio de la redacción, orientación e interpretación de las normas jurídicas nacionales e internacionales, a través de una “racionalidad legal”  basada en supuestos de legitimidad,  neutralidad, igualdad y universalidad.

Este derecho moderno, con su idea de coerción y control estatizados, alejó a los movimientos sociales del derecho y valoró la justicia como factor con pocas posibilidades transformadoras.  Y hasta entrado el siglo XX se encarnó en una matriz liberal, que consideraba de facto ciudadanos -titulares efectivos de derechos- sólo a hombres, blancos, propietarios y alfabetos, desconociendo los demás sectores subalternos en la sociedad.

Las instituciones de la llamada gobernanza global (Ej. La ONU y sus dependencias) siguen siendo espacios poco aptos para el debate constructivo y simétrico entre los actores. Este enfoque confía en una solución de los problemas de la globalización a través de redes de colaboración entre empresas y asociaciones civiles, ignorando las asimetrías de poder entre estos actores y considerando la cacareada esfera pública como un espacio despolitizado que ocluye la acción colectiva de los excluidos.

Una globalización contrahegemónica supone construir una legalidad cosmopolita subalterna, unión de teoría y práctica que testimonie y  reúna expresiones no estatales de regulación social, basadas en la multiplicidad de actores: comunidades marginadas, movimientos, intelectuales herejes.

Este enfoque llama a sustituir las instituciones y discursos dominantes e implica tanto un esfuerzo analítico (estudiar los sistemas jurídicos oficiales junto a las normas jurídicas alternativas) y otro político que potencia la voz de las víctimas de la globalización neoliberal: indígenas, campesinos sin tierra, mujeres pobres, trabajadores e inmigrantes indocumentados.

Los instrumentos jurídicos son un espejo del orden que buscan defender y desarrollar, en tanto el derecho es  resultado de la correlación de fuerzas en la sociedad y reflejan (junto al sistema institucional) los intereses de las clases dominantes.

Pero, rehuyendo falsos radicalismos, no es posible clasificar todo derecho como burgués ya que este también refleja las tensiones entre clases y sectores en la sociedad y adquieren un valor importante para denunciar la falta de garantías y libertades en sociedades sometidas a procesos autoritarios y represivos, bajo dictaduras militares, oligárquicas o burocráticas.

Aun con sus déficits el sistema internacional de los DDHH existente se ha convertido en un marco jurídico para la acción contrahegemónica y sus instrumentos pueden utilizarse creadoramente para profundizar acciones emancipadoras, siempre que estas sean complemento a la organización y movilización social.

La lucha actual por una verdadera contrahegemonía la hacemos para que el capital trasnacional no domine sobre nuestras vidas (controlando el acceso al agua, la alimentación o el conocimiento) y para que los Estados (sus aliados) pierdan el monopolio de otorgar o defender derechos, ya que demasiadas veces incumplen y violan los derechos de sus poblaciones.

La construcción del nuevo paradigma de DDHH entiende que “la soberanía” está constantemente cuestionada por la indefinición de las fronteras geográfico-intitucionales y por la globalización de las culturas, y es manipulada por poderes globales y nacionales contra los movimientos contestatarios.

Eso no significa expresamente hacer oposición permanente a cualquier gobierno, pero sí defender un campo de actuación diferenciado y autónomo de los movimientos sociales para impedir que la lucha por la contrahegemonía derive en la instauración de una nueva hegemonía “vanguardista” en nombre de “las masas.”  Pero ella será tema de próximas entregas.