El Estado violador y la ciudadanía ultrajada

Por Armando Chaguaceda

“Esa es la raíz, y esa es la sal de la libertad: el municipio. Él templa y ejercita los caracteres, él habitúa al hombre al estudio de la cosa pública, y a la participación en ella, y a aquel empleo diario de la autoridad, por donde se aquilata el temple individual, y se salvan de sí propios los pueblos”   –José Martí

HAVANA TIMES – Este 26 de noviembre, coincidieron en Cuba los homenajes al primer aniversario de la muerte de Fidel Castro y las votaciones –término este acaso más preciso que el de “elecciones”- para el nivel local del llamado Poder Popular.

Revisando las notas escritas en ocasión del deceso del dictador cubano, encontramos una columna publicada en Proceso por el ensayista Rafael Hernández (1), en la que el balance laudatorio del legado fidelista se acompañaba con referencias a reformas posibles del sistema político cubano (2). Cuestionando la alternativa multipartidista, Hernández apostó por mejorar la calidad del proceso electoral, superando la nominación cerrada y el voto negativo, defendiendo mayor transparencia, rendición de cuenta y sistematicidad en el funcionamiento de las instituciones representativas. A la vez que centraba los cambios democráticos en el fortalecimiento de la participación ciudadana dentro de las instituciones existentes, sobre todo en el sistema del Poder Popular.

Estos llamados no son nuevos. Constituyen la médula del paquete reformista que, con mayores o menores grados de calidad y apertura, vienen proponiendo desde hace treinta años una serie de intelectuales identificados -por su militancia, ideología y/o adscripción institucional- con el orden vigente en Cuba. Los investigadores del Centro de Estudios de América ofrecieron entre 1990 y 1996 sólidas propuestas concretas para reformar los gobiernos locales y la participación popular dentro del esquema del llamado Poder Popular.

Posteriormente, nuevas generaciones de académicos cubanos escribieron análisis y ensayos sobre estos temas. En todos los casos, se reconocía un déficit de funcionamiento del sistema de Delegados, Consejos Populares, Asambleas Municipales…..Al tiempo que se ponía énfasis en la participación directa, la calidad de la representación y la mejora de la gestión pública local; delineando un consenso sobre una reforma posible y leal -realizada a ritmo y escala modestos, desde las leyes, instituciones y actores reconocidos por el sistema- de los gobiernos locales cubanos.

Dos grandes ausencias -directamente ligadas a los procesos de socialización y control políticos que afectan la conformación y trabajo de la intelectualidad insular- son visibles en estos análisis.

Primero, la no consideración del peso específico que tienen centros de poder real (burocracia partidista, policía política) en los desempeños y límites a la participación popular en la isla.

Segundo, la invisibilización de los activistas y agendas opositores. De tal suerte, quien lea un texto emanado de esa (ya copiosa) producción, encontrará numerosas críticas a los burócratas locales, las regulaciones excesivas del Gobierno provincial, la ausencia de potestades financieras del municipio, la apatía ciudadana…pero no hallará, salvo excepciones, referencias sustantivas a la intromisión de los órganos del Partido Comunista en la postulación y organización de las elecciones, así como a la violación de la Ley Electoral por parte de agentes de la Seguridad del Estado. En estos trabajos, la profusión de términos como “participación ciudadana” y “democracia socialista”, con marcado carácter normativo, contrastan con la limitada presencia de datos y la aún mayor ausencia de juicios sobre los alcances reales de la democracia bajo un orden monopartidista de corte leninista. Se trata pues de legítimas aspiraciones reformistas; que sin embargo ignoran elementos estructurales del sistema, tratándolos como desviaciones parciales.

Por su parte, funcionarios del gobierno -como Ricardo Alarcón, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular o Armando Hart Dávalos, ministro de Cultura- insistieron en el carácter excepcional de la forma de gobierno insular; remitiendo a una supuesta matriz mambisa y roussoniana antes que al modelo de centralización y estatización políticos desarrollado por Lenin y Stalin en la Rusia soviética a partir de 1918.

Dentro de ese otro conjunto de referencias nacidas directamente del poder -menos sofisticadas y críticas que las de los intelectuales reformistas- se incitó incluso a que los reprimidos y descalificados disidentes participasen en las elecciones locales, como forma de probar su real apoyo popular. Dando por supuesto que era la escasa conexión práctica e ideológica de los opositores para con los problemas y perspectivas del cubano de a pie (y no el veto oficial a las formaciones disidentes), la barrera que impedía la aparición de una franja, siquiera minúscula, de políticos adversos al proyecto oficial. Y considerando, por supuesto, a la praxis cubana como la mejor democracia posible.

Pues bien: con lo acaecido en el pasado proceso eleccionario para miembros de las Asambleas Locales del Poder Popular, las apuestas del reformismo intelectual y los juegos retóricos del funcionariado, quedaron seriamente averiados. La inédita postulación de decenas de candidatos opositores -con perfiles que van desde profesionales bien formados a activistas de arraigo en su comunidad- fue bloqueada mediante una campaña orientada desde el más alto nivel del Estado y Partido e instrumentada por los agentes policiales y las estructuras de base de las organizaciones de masas.

Es sanamente debatible en qué medida errores de comunicación pública, la infiltración de agentes y las descoordinaciones en el seno de la oposición influyeron en el resultado del proceso. Pero los testimonios -incluidos audiovisuales- de las prácticas de coacción, acarreo y difamación en detrimento de los candidatos no oficiales son notorios y suficientes.

En Cuba se ha violado, en magnitud inédita, toda la legislación electoral -que prohíbe realizar propaganda a favor o en contra de ningún candidato o impedir el acto de nominación propio o ajeno- ; se ha causado un daño severo a lo que pudiera quedar de legítimo para el ciudadano común, en el llamado Poder Popular.  En los pasados comicios locales, el poder vigente ha violado su propia institucionalidad; los burócratas secuestraron a los ciudadanos; la dictadura de Partido sometió a la democracia popular de base.

Que esto vaya de la mano con el incremento, elección tras elección, de la suma de votos en blanco y abstenciones; que en los anteriores comicios se hayan presentado tres candidatos y ahora decenas; que el Partido Comunista haya acudido a la práctica burguesa del gerrymandering son señales de algo más profundo.

Aún sin desafíos masivos en sus calles, el gobierno sabe que su legitimidad y desempeño van en mengua; por detrás de los aliados. No ofrece a su pueblo prosperidad como el gobierno chino, no restituye un orgullo nacional herido como el régimen ruso, no permite un pluralismo limitado como el sistema iraní. No ha conseguido formar una tecnocracia, una clase media y una burguesía con capital económico, social y cultural suficientes como para garantizar la reproducción ampliada del modelo una vez acaecido el traspaso de poder del 2018. Ha retenido el poder, frenando -con una represión rayana en la paranoia- el crecimiento y conexión social de sectores críticos de la intelectualidad, el periodismo, el arte, el activismo comunitario, la oposición política….pero no ha conseguido aniquilarlos. A lo que ha puesto al borde de la aniquilación -con su parálisis y manoseo institucionales- es esa cuota mínima de racionalidad legal que necesita todo sistema para reformarse. Quedándole la apelación al pasado (Fidel, la Revolución) o al enemigo externo (Trump) como motores de un proceso que debe mirar al futuro y a lo interno.

Con su vulneración planificada y profunda de la norma y el proceso electoral local de 2017, Raúl Castro desmiente el mantra del refuerzo de la institucionalidad que ha constituido eje principal de su discurso. Su agenda ha sido la de un Estado autocrático que pare una (muy acotada) democracia de base, para luego violarla hasta los huesos. En la acera del frente, con su participación en el proceso, la asediada disidencia demuestra que -amén de errores propios o inducidos por la agentura- apuesta por la vía legal, pacífica y democrática para pluralizar el poder y dinamizar la gestión gubernamental.

Apelando al cubano de a pie y sus problemas cotidianos –alejados de las “ofertas” de la política oficial-, los activistas opositores han honrado la Ley socialista vigente mucho más que sus formales valedores del Gobierno. En lo sucesivo, pese a lo que algunos puedan considerar hoy como una derrota, bien valdría la pena que activistas de toda filiación y, simplemente, los ciudadanos descontentos, continúen bregando por abrir espacios para la autonomía y autogestión ajenos a los dictados del Partido único en sus respectivas comunidades.

Por último -pero no por ello menos importante, pues sabemos que el manejo de espejismos aperturistas ha sido parte consustancial de la agenda política de la Habana- es necesario que la intelectualidad reformista, como dicen los cubanos, se ponga las pilas. Con un discurso que mira reverencialmente al poder que desea reformar y, al tiempo, hace guiños a sus pares del mercado académico globalizado, cada vez tendrá menos que decir -salvo a públicos cautivos- si insiste en defender la supuesta democraticidad del Poder Popular bajo la actual agenda oficial. Al menos así será mientras se nieguen a considerarlo como espacio en disputa de proyectos y actores plurales. Y en tanto se siga disimulando, detrás de la elegancia ensayística y el debate acotado, ese autoritarismo que vicia y vulnera sistemáticamente los más mínimos resquicios de soberanía popular (3).

“Nota de último minuto”:

Si entendemos la política como cosa de actores y resultados concretos, en estas votaciones locales en Cuba no hubo claros ganadores. La oposición, severamente reprimida, ilegalmente bloqueada y comisora de errores tácticos, no logró elegir ninguno de sus decenas de candidatos. El gobierno, con la menor participación desde el inicio del Poder Popular, tuvo que violar su propia Ley, meter a última hora más de 400000 nuevos inscritos (¡¡¡¡¡) en el registro y retrasar/minimizar la información de los resultados. Mucha gente, por abulia, presión o conformidad, avaló (aún) masivamente con su presencia el proceso. Ahora bien: el descontento crece, a cuentagotas, incluso dentro de las estrechas y manipulables oportunidades que ofrece el régimen para ejercer la “voz”. Y ellos, por las señales que han dado en estas 48 horas, lo saben.
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Referencias:

(1) “El legado del patriarca” en http://www.proceso.com.mx/465256/legado-del-patriarca

(2) El vicepresidente Miguel Díaz Canel, en un video filtrado de su reunión con dirigentes y cuadros políticos, habló claramente de la iniciativa opositora y la decisión oficial de frenarla https://youtu.be/zNaw_Hj9f88

(3) A este respecto, la mirada de jóvenes periodistas e intelectuales residentes en la isla y defensores de un socialismo renovado y democrático, son hoy mucho más diáfanas y certeras que las repetidas fórmulas del reformismo intelectual. Sobre las primeras ver https://eltoque.com/blog/yo-me-abstengo,  https://eltoque.com/blog/tengo-derecho-decir, https://eltoque.com/blog/por-que-ire-votary https://espaciodeelaine.wordpress.com/2017/08/30/a-los-candidatos-de-2018-con-amor-de-2010/