Disputa sobre derechos en Cuba

Armando Chaguaceda

La coyuntura abierta por la muerte del opositor Orlando Zapata Tamayo ha puesto en tela de juicio la situación de los Derechos Humanos (DDHH) en Cuba, de la mano de amplias campañas de satanización y atrincheramiento, desplegadas fuera y dentro de la isla.

Los críticos llegan al extremo de acusar al gobierno cubano del asesinato premeditado del disidente, cosa impensable no sólo por el historial del estado cubano en la esfera, sino también por la evidente complicación de las relaciones internacionales y domésticas que un desenlace de este tipo puede generar, algo conocido por las experimentadas autoridades cubanas y cuyos nocivos efectos presenciamos hoy.

Los defensores del gobierno, por su parte, recurren a campañas de deslegitimación que niegan la dignidad del difunto y sus posturas, mediante el empleo selectivo y distorsionado de hojas de vida y argumentos políticos.

Y vuelve, pese a su generalizado rechazo social después de los sucesos del Mariel de 1981 y el Maleconazo de 1994,  el uso de civiles movilizados por las autoridades –con fachada de “espontaneidad popular”- para repudiar o reprimir manifestaciones de madres y esposas de opositores presos, con el consiguiente daño de la imagen del país y el civismo de sus nacionales.

Abordar este asunto sigue siendo hoy, básicamente, un tema tabú dentro de Cuba. Es obviado por buena parte de la academia (salvo contados análisis de académicos como Hugo Azcuy y Dmitri Prieto) y sólo algunos medios como la prestigiosa revista Temas, de forma meritoria, han llevado el problema a debate, aunque con cierto desbalance que combina un exceso de miradas teóricas foráneas y escaso aterrizaje empírico en el contexto cubano.

Y se desconoce la existencia de dos corrientes dentro de los DDHH, una liberal que apela a los derechos individuales dentro de las instituciones y garantías de una democracia representativa; y otra popular que acompaña la lucha por el respeto a la persona con reivindicaciones comunitarias y el accionar de movimientos sociales de cara al autoritarismo del estado y los poderes empresariales.

Por otra parte los DDHH son identificados por el estado, sus agentes y –gracias a la desinformación, la propaganda y la cultura política oficiales- por una parte de la población como mero “instrumento de las campañas enemigas.”

No existen legalmente inscritas organizaciones defensores de estos derechos dentro del Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia de la República de Cuba. El tratamiento de los DDHH en la isla parece obviar la variable claramente emancipadora del fenómeno, que emerge como resultado de luchas sociales contra los autoritarismos proimperialistas de las Dictaduras de Seguridad Nacional en Latinoamérica, o los gobiernos de Ferdinando Marcos o Suharto en Asia.

Y en cuanto a su aporte al derrumbe de los regímenes de Europa del Este, a los DDHH se les reduce a ser un componente de la estrategia desestabilizadora de Carter, Reagan y Bush padre, y no expresión de movimientos ciudadanos, que muchas veces combatieron las políticas privatizadoras de aquellos burócratas convertidos en burgueses.

En este campo existe un evidente doble rasero

El estado cubano reconoce a las Madres de la Plaza de Mayo y los activistas del Foro Social Mundial, pero niega la posibilidad de que sus nacionales ejerzan dicha militancia.

Aplaude (y utiliza en sus argumentos) los informes de Amnistía Internacional que denuncian las reales y constantes violaciones cometidas en el brutal sistema carcelario de EEUU, las expresiones de racismo y xenofobia de dicha sociedad, así como el apoyo que sucesivos gobiernos gringos continúan dando a Israel y los regímenes despóticos en Medio Oriente.

Pero desaprueba y silencia los argumentos que esas mismas organizaciones ofrecen a las violaciones en naciones aliadas como Zimbawe, Irán, Rusia, China o en la misma Cuba, presentándolas entonces como “agentes del Imperio.”

A los ciudadanos cubanos se les hace virtualmente imposible (y punible) la acción misma de testimoniar, vigilar y denunciar, de forma organizada, las violaciones cometidas –a veces contra la propia Constitución socialista de 1992- por funcionarios e instituciones estatales, dada la capacidad de control social del estado y la subordinación de los medios masivos a las directrices gubernamentales.

Se trata de una actividad condenada a priori, lo cual genera que se meta en idéntico saco a activistas autónomos, vinculados a sus comunidades u ONG internacionales de reconocido desempeño, o simples personeros mantenidos por las embajadas occidentales.

El tratamiento de los DDHH debe ser, se ha dicho, integral y no selectivo.  Ello supone reconocer al mismo tiempo, los considerables logros sociales de la nación caribeña, en materia de salud, educación, deportes, seguridad social, acceso a la cultura.  Conquistas que garantizan la base social y legitimidad del proceso revolucionario y han sido compartidas con decenas de pueblos hermanos a lo largo de medio siglo.

Pero también dar cuenta de las limitaciones a derechos de expresión, reunión, asociación, movimiento y autogestión económica y comunitaria existentes en la isla, verbigracia una concepción monopólica y colonizadora del Estado, de cara a la sociedad y sus capacidades de organización autónoma.

El problema es, como en otras esferas, estructural, y se puede resumir gráficamente contraponiendo a la precariedad del Estado de Derecho -donde los ciudadanos pueden hacer uso de atribuciones para ejercer los derechos garantizados por su Constitución y proteger esta de abusos burocráticos-, una amplísima, arbitraria y cotidiana ejecutoria de los Derechos del Estado, carentes de control y retroalimentación.

Sólo con una expansión de la participación popular, con instituciones democráticas, eficaces y controladas por la ciudadanía organizada y con el establecimiento del derecho como principio rector del funcionamiento estatal y la convivencia social se podrá perfeccionar el proceso cubano, deteniendo la deriva autoritaria y la restauración neoliberal, que amenazan desde el trasfondo de una grave crisis social e ideológica. Y ello no equivale, como nos quieren hacer ver, a restaurar la burguesía ni rendirnos a EEUU.

Desde una visión de izquierda, que reúna las alertas de Lenin sobre la necesidad de acotar la arbitrariedad estatal (incluida la de sus órganos policíacos), la sentencia de una Rosa Luxemburgo que defendió la libertad aún para el que pensara diferente, o la ética de un José Martí que ponía en un pedestal los derechos y la dignidad de todos los hombres y pueblos, hay que impulsar en Cuba otra mirada sobre los DDHH.

Una que torne inconcebible el silencio, disfrazado de solidaridad, de un sector de la izquierda, para con la coyuntura de nuestro país.  Y que rechace la adscripción -mecánica y oportunista-, a las campañas orquestadas desde las cancillerías occidentales y los centros de la derecha internacional. Uno y otro deben ser superados, por el bien de todos los cubanos y el futuro del socialismo, la soberanía y la justicia, en la isla caribeña.