El año del mango en Cuba
Por Amado Viera
HAVANA TIMES – En la primera semana de junio las lluvias de la primavera dieron el pistoletazo de arrancada para la temporada del mango en Cuba. Probablemente, nunca antes esa cosecha había comenzado en mejor momento. Al menos para los millones de cubanos que han visto cómo la alimentación cotidiana se convierte en un reto que no siempre logran coronar.
Vivo en Camagüey, una ciudad que históricamente evitó la escaseces extremas de la región oriental, y tampoco se adhirió a la tradición habanera de realizar una sola «comida fuerte» al día, compensando el resto de la demanda nutricional con meriendas y cenas. «El camagüeyano es de ‘comida que llene caldero'», solía repetir un secretario del Partido Comunista, desestimando implícitamente orientaciones que lo convocaban a organizar ferias como las que se desarrollaban en otras provincias, signadas por la venta de bebidas alcohólicas y alimentos ligeros.
La «comida que llene caldero» es, sin embargo, cada día más difícil de conseguir en Camagüey. Si alguien lo dudaba, seguramente salió de su error en los últimos días, al ver la voracidad con que infinidad de chicos y adultos consumían esa fruta, cosechada lo mismo en árboles domésticos que en los lejanos mangales del poblado de Forestal (unos 70 kilómetros al sur de la ciudad de Camagüey).
Los tres a o cuatro días por semana en que circula el tren de Santa Cruz del Sur, decenas de personas se concentran en el paradero de la calle Palomino para trasbordar a coches de caballos y triciclos eléctricos las cajas con la fruta que luego se vende por la ciudad. En otros tiempos ese tren también llegaba cargado con arroz traído de Vertientes, y pescado de las grandes presas del sur de la provincia y del municipio costero de Santa Cruz.
«A la gente no le gustaba este tren por la peste a pescado que tenía en los viajes de regreso a Camagüey, y porque debajo de todos los asientos y en cuanto espacio quedaba libre, montaban sacos de arroz. Ahora, con la persecución que hay hacia el pescado de mar y el arroz, a duras penas si llega el mango», comentó José Luis, un cochero que habitualmente espera pasajeros y carga en Palomino.
La disposición de las autoridades para reprimir el comercio informal contrasta con su indiferencia –o incapacidad– respecto a la canasta familiar normada.
En los últimos dos años los cubanos vieron como los huevos, el café, las pastas alimenticias y los cárnicos salían de ese sistema de distribución, en tanto las entregas del arroz se retrasaban hasta por tres meses y las de azúcar eran rebajadas o incluso suprimidas. Un caso extremo es el del pan, cuya cuota diaria fue recortada en un 25% a mediados de septiembre del año pasado. «Que se reduzca el gramaje del pan no debe traer consigo una afectación en la calidad del producto», insistió por entonces el Ministerio de la Industria Alimentaria, en una declaración que envejeció particularmente mal: pocos meses después la calidad del «pan de la libreta» dejó de ser un problema porque simplemente no volvió a distribuirse en las provincias del interior.
Sin dinero
«Hay que decir que los estados de opinión son muy críticos. Realmente críticos y muy negativos». Así reconoció, a comienzos de abril, el presidente Miguel Díaz-Canel en la presentación de un podcast dedicado al tema de la canasta básica. En su intento de brindar explicaciones –y sobre todo esperanzas– lo acompañaban los ministros de Comercio Interior y Exterior.
Para resumir la siguiente hora basta un titular: el país no tiene dinero para importar los alimentos de la libreta ni los recursos necesarios para producirlos en Cuba. La situación es tan desesperada que ni el mandatario ni sus invitados tuvieron reparos en inventarse alguna que otra buena noticia. Así sucedió con el pan y el arroz. Respecto al primero la titular de Comercio Interior, Betsy Díaz llegó a asegurar que «en los próximos días habrá una notable mejoría con la llegada y pago de flete a dos buques que cargan harina de trigo y por el próximo arribo de tres barcos con trigo, con lo que se revitalizará la producción en nuestros molinos». En cuanto al segundo su proyección no fue menos optimista: «de marzo están pendientes en algunas provincias productos como el arroz, pero se está trasladando a los territorios por vía marítima».
Sus palabras probablemente solo fueron buenas en La Habana. Según denuncias en internet de residentes en varias provincias, hasta marzo la venta del pan normado era intermitente, pero desde abril se suspendió por completo en el interior del país. En cuanto al arroz, no fue hasta mediados de junio que se concluyó la distribución del correspondiente a marzo, que en parte se adeudaba a los consumidores del Centro y Oriente.
La austeridad como solución
Comenzando 2025 el Ministerio de Comercio Interior ordenó que dejase de entregársele leche en polvo a los niños de entre seis meses y un años censados en provincias ganaderas como Camagüey. En su lugar, ahora reciben un litro diario de la llamada «leche fluida», una versión pasteurizada –y diluida– del alimento original. Con el cambio no solo perdieron los pequeños sino también miles de adultos con dietas médicas. La leche que recibían fue la que se destinó a los niños, para sustituir la leche en polvo importada con que hasta ese momento se habían alimentado.
«Pero lo más doloroso es que, según los cálculos, de no revertirse la tendencia, el año que viene ningún municipio camagüeyano podrá entregar el litro completo [… y] si la disminución sigue al paso que va, en tres años los niños de la provincia recibirán la leche cada tres días», reveló hace una semana el periódico Granma. Los impagos a los productores, los efectos negativos de la bancarización, la eliminación de las ventas de insumos en moneda nacional, la falta de transporte y el incontrolable aumento de la delicuencia rural sobresalen entre las razones que han hecho a muchos ganaderos abandonar esa actividad, disminuir el número de animales a su cargo o desviar la producción hacia el mercado informal. Más allá de medidas represivas y de control, el Estado no tiene cómo motivarlos.
Apenas diez años atrás Camagüey acopiaba entre 200 000 y 300 000 litros de leche por día. Los picos de producción se registraban durante el período lluvioso –entre mayo y noviembre–, cuando la provincia llegaba a entregar una cuarta parte de la producción lechera nacional. Hoy, muchas veces no alcanza siquiera 50 000 litros diarios.
La crisis láctea evidencia, como pocas, la magnitud de la crisis alimentaria en Cuba. Tradicionalmente, la Isla compensó con importaciones de leche en polvo la demanda que su producción no lograba satisfacer. Pero esa opción ya no está sobre la mesa y el futuro a la vista apunta a que, simplemente, en algún momento comenzarán a espaciarse las entregas del alimento y tal vez hasta se le quitará a los niños de mayor edad.
Como la leche y el pan, el arroz y el azúcar «de la libreta» eran insuficientemente valorados, y su verdadera relevancia no se puso de manifiesto hasta que dejaron de recibirse con periodicidad. Las siete libras arroz incluidas en la cuota, por ejemplo, representan casi dos tercios del consumo promedio mensual, en tanto las dos libras de azúcar equivalían a un tercio de la ingesta y los 80 gramos de pan diarios constituían, para millones de personas, el único alimento sólido del que disponían para comenzar las mañanas.
En abril de 2023 el observatorio independiente Food Monitor Program alertaba sobre la existencia de «hambre oculta en Cuba» y convocaba a tomar acciones urgentes para proteger a los sectores más vulnerables. Dos años después el hambre se ha convertido en un fenómeno inocultable, y la misma organización resalta que las dificultades para acceder a una alimentación balanceada ya transvertalizan a toda la sociedad. Su encuesta más reciente concluyó que durante los últimos meses casi el 97% de los cubanos limitó el consumo de determinados alimentos o debió sustituirlos por otros debido a la caída del poder adquisitivo. La problemática afectó incluso a segmentos de alto poder adquisitivo, como empresarios, empleados de firmas extranjeras y familiares de emigrados, señaló Food Monitor, que no solo midió grados de malnutrición, sino la dificultad para acceder a dietas específicas o la disponibilidad de la canasta básica de alimentos.
Mientras, el Gobierno, empeñado en su campaña de reducción del déficit fiscal, descuida sistemas de protección social que resultarían particularmente útiles en la crisis actual. Así ha sucedido con el Sistema de Atención a la Familia, la red de comedores para ancianos, discapacitados y personas de bajos ingresos que al comienzo de la Tarea Ordenamiento, en enero de 2021, ganó triste notoriedad debido al incremento desmedido de sus precios, que obligó a las personas a dejar de utilizarlos.
Ante las críticas, las autoridades se vieron obligadas a una rectificación temporal, pero al cabo terminaron adoptando la misma decisión con que años después «resolverían» el problema del pan normado: quitándose de encima la responsabilidad de sostenerlo. A partir de 2022 el SAF pasó a depender de restaurantes, centros de elaboración y otras unidades del comercio y la gastronomía, que en la medida de sus posibilidades deben garantizar la mayor parte de los alimentos que cocinan; la provisión del resto corresponde a los gobiernos locales, casi siempre carentes de fondos.
Esa práctica ha tenido dos resultados fundamentales: el deterioro de los menús que reciben los comensales y la reducción de las plazas disponibles. Entre enero de 2021 y octubre de 2023 el número de beneficiarios del SAF cayó casi un 25%, de 76 176 a “más de 59 000”, según se informó en una reunión presidida por el primer ministro, Manuel Marrero. Desde entonces, no se han publicado nuevas estadísticas oficiales, pero el testimonio de una trabajadora social consultada en Camagüey da a entender que el número de inscritos en el SAF se habría estancado o incluso disminuido, debido a que plazas desocupadas por causas como el fallecimiento de sus titulares no han vuelto a otorgarse. «En mi distrito tenemos decenas de solicitudes pendientes, pero ni [los ministerios de] Comercio y Trabajo, ni el gobierno municipal dan respuesta. Hace más de un año se dijo que el Sistema entraría en revisión y que los subsidios para personas vulnerables se entregarían a través de la libreta. Solo que hasta ahora nada de eso se ha implementado», explicó.
Por demás, ni siquiera en su mejor momento el SAF representó una solución a gran escala. De acuerdo con datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, más de 800 000 cubanos cobran la pensión mínima de 1 528 pesos mensuales (4 USD). Y buena parte de ellos viven solos o no pueden ser ayudados por sus familiares. Teniendo en cuenta la inflación actual, debiera considerárseles «vulnerables», y por tanto, elegibles para el SAF o algún otro mecanismo de protección social, lo que en la práctica no sucede.
Son solo los casos extremos de una realidad con muchos matices sombríos.Cuba cerró el 2024 con un salario medio de 5 839 pesos (15 USD), equivalente a menos de la mitad del dinero necesario para pagar la alimentación balanceada de una persona durante un mes. En esas condiciones, prácticamente todo el país pudiera considerarse «vulnerable».