Cuba y cooperativas “sin papeles”

José Jasán Nieves Cárdenas  (Progreso Semanal)

HAVANA TIMES — Mientras cientos de nuevas cooperativas no agropecuarias en el país pujan por arrancar o sostenerse, un grupo también creciente de trabajadores privados se asocian de manera voluntaria y de facto funcionan como una de ellas, pero “sin papeles”. Para ellos, potros embridados, la “inscripción de nacimiento” como cooperativas no es solo un trámite más, sino la única forma que tendrán en muchos casos para organizar como debe ser sus modelos de negocio.

Propuestas para fundar empresas cooperadas en sectores como la construcción, pesca, publicidad e informática han sido aprobadas ya por los gobiernos territoriales de sus provincias pero todavía esperan por la decisión final del Consejo de Ministros.

“Nosotros funcionamos de hecho como una cooperativa, porque las decisiones son colegiadas y discutidas entre todos; pero hasta que no contemos con la autorización somos trabajadores por cuenta propia”, explica Enrique Steven Lagar, futuro presidente de INCO, una iniciativa en la construcción que puja por su permiso desde inicios de 2013.

“Luego de estudiarnos la legislación, presentamos nuestro proyecto”, comenta por su parte Ernesto Flores Castillo, propuesto para dirigir TISOFT, una agrupación de ingenieros informáticos y electrónicos presentada desde junio de 2013 y que después de casi un año sin señales, recibió como única respuesta el anuncio de que todavía se estudian las normas para aplicar esta modalidad en el segundo semestre del 2014.

El gobierno cubano responde a las demandas de rapidez recordando que se trata de un proceso “experimental”. Según el propio presidente Raúl Castro “Tenemos que analizar y no actuar como si lo diseñado fuera impecable (…) no podemos apresurarnos en la aprobación constante de estas cooperativas. Iremos al ritmo que corresponda”, aseguró.

Pero mientras el ritmo se mantiene, entre otras consecuencias, las arcas estatales dejan de obtener mayores ingresos por concepto de los tributos que podrían entregar estas asociaciones, hoy auto limitadas en sus topes productivos.

“En 2013 pagamos al fisco 250 mil pesos (más de 12 mil USD) y habíamos proyectado el 2014 contribuir con un millón, si fuéramos cooperativa”, revela Flores Castillo.

“Si nos contrataran obras por un millón de pesos a lo largo de todo un año, lo cual es muy posible, podríamos aportar 345 mil pesos (unos 17 mil USD) en impuestos”, expone por su lado Steven, quien aunque ya puede mostrar una carpeta con el resultado de sus intervenciones, lamenta el mayor número de lo dejado de hacer por falta de aprobación.

Ambos cálculos se amparan en el estudio de las diferencias en el tratamiento tributario para los trabajadores privados y las cooperativas, que motivan a los primeros a llegar solo hasta una meseta de ingresos porque a partir de ahí es muy alto el riesgo de trabajar solo para tributar.

Según la ley tributaria, los independientes solo pueden restar entre el 30 y el 50% de los ingresos del año por concepto de gastos, para calcular una “base imponible” que toma la mitad las ganancias por encima de los 50 mil pesos reportados. En cambio, las cooperativas pueden deducir de los ingresos el 100% de sus gastos y pagan un 5% menos de impuestos sobre las “utilidades”, en toda la escala progresiva.

¿Competencia o complemento?

En la sala de una vivienda de la ciudad de Cienfuegos, se negocian las ofertas de impresión de rótulos en pulóveres, automóviles y carteles que ofrece REDIS, una “cooperativa en formación” que solo conoce algo similar ya autorizado en Varadero.

“Con la personalidad jurídica que da esa categoría puedo llegar a más clientes, incluso a esos que hoy ni me reciben en sus oficinas porque dicen que no tienen nada que hablar con cuentapropistas”, revela Raydel Argudín, el organizador de REDIS.

Esa fortaleza jurídica es uno de los principales apoyos que buscan estos emprendedores, pues en su estado actual de “atomización” enfrentan constantes resistencias de funcionarios que interpretan las leyes según entiendan.

“Ahora resulta que para realizar una reparación a equipos informáticos, las empresas de la Agricultura, por ejemplo, deben poseer un documento que certifique la incapacidad de un proveedor estatal de prestar el servicio. COPEXTEL (el monopolio gubernamental de esta esfera) no entrega ese documento, aunque la realidad está demostrando que no puede encargarse de muchos arreglos”, revela el representante de TISOFT.

“Eso no está legislado en ningún lugar”, asegura convencido… y tiene razón.

“Para conseguir la mercancía debemos volvernos magos, porque gran parte de la materia prima nos la vende la empresa estatal que ofrece los mismos servicios que nosotros y como somos su competencia en algunas provincias nos niegan la posibilidad de comprar”, denuncia Argudín.

Por motivos como ese Flores Castillo, el informático, prefiere evitar las comparaciones o las referencias a su grupo como la “competencia de las empresas del Estado”, aunque de hecho lo sea.

“Me gusta más decir que somos el complemento, porque nos encargamos de los trabajos a pequeña escala que a la empresa estatal no le resulta rentable o atractivo realizar. ¿Le va a interesar a una entidad que factura millones de pesos ocuparse de tres fotocopiadoras de distintas marcas rotas hace varios años? ¡Claro que no!…pero a nosotros sí, porque de poquito en poquito sumamos nuestros ingresos”, explica.

Temores y frenos

Luego de la estatalización de toda la propiedad privada en 1968, los emprendimientos independientes fueron coartados hasta que, cuando fueron permitidos por coyunturas económicas como la crisis de los años 90, surgieron con el tratamiento de “mal necesario”. Con la reforma emprendida por el presidente Raúl Castro, esa proyección cambió a pesar de que todavía subsisten fantasmas del pasado.

La experiencia de una joven ingeniera informática, empleada en una empresa del Ministerio de Transporte, devela cuán hondo calan las resistencias.

“En la oficina tenemos rota una impresora multifuncional que solo necesita la sustitución de una placa interna, quemada por una subida de voltaje, y otras dos impresoras láser detenidas porque en el mercado no hay cartuchos de tinta para reponer los gastados. Yo localicé al cuentapropista que solucionaba ambos problemas, pero en la dirección de mi empresa se negaron rotundamente”, revela.

“¡No, no, informática, eso es tremenda candela!…vamos a dejarlo así. ¿Qué te hace falta?, ¿impresoras?, vamos a ponerlo en el plan de inversiones y ya está.”, le respondieron. “Es preocupante que sea más fácil comprar equipamiento nuevo que pagar una reparación notablemente menos costosa”, lamenta.

Sin embargo, el esposo de la joven, también informático, vivió la experiencia opuesta.

Ante la rotura de las computadoras esenciales para la producción, en la sucursal cienfueguera de la Empresa Cubana del Pan el director no esperó por las indicaciones de “La Habana”, porque no existían. Se atrevió a recorrer el tortuoso camino de las autorizaciones, pidió un permiso especial para esa única ocasión y le permitieron contratar a un especialista privado en reparación de “motherboards” de PC.

“¡Al final pasamos tanta tensión por gusto, porque resolvimos con el particular lo que ninguna empresa estatal del territorio pudo solucionar y todo con mucha mayor eficiencia, calidad y hasta garantía!”, recuerda el novel ingeniero.

Este exceso de precaución, muy reiterado en el panorama empresarial, choca notablemente con la política declarada en intervenciones públicas del vicepresidente del Consejo de Ministros, Marino Murillo, encargado de conducir la “actualización” económica en el país.

“(…) Lo cuestionable siempre, páguesele a quien se le pague, es la irracionalidad del gasto, no el vínculo de personas jurídicas con fórmulas no estatales”, ha dicho Murillo ante el Parlamento cubano.

Cooperar es socialismo

La experiencia ha demostrado que aunque las empresas estatales sean “propiedad social”, es decir, de todos, la práctica termina imponiendo un modo de administración donde el trabajador no toma decisiones ni se siente dueño.

Para transformar esa realidad del presente en Cuba, y a contrapelo de la tesis oficial que defiende a la empresa estatal como el núcleo de la economía, otros criterios abogan por estimular la cooperativización para lograr un modelo verdaderamente socialista.

“El modelo de gestión económica y social del socialismo debe estar basado en la sociedad cooperativa, cual sociedad de personas”, considera el doctor Avelino Fernández Peiso, de la Universidad de Cienfuegos, al centro sur del país.

“Posibilitar la estructuración del trabajo mediante sociedades (…) autogestadas, responsables, donde los beneficios de sus socios sean directos y justos, que se proyecten hacia la comunidad, es socialismo”, reafirma.

En las tres intenciones de cooperativas consultadas siempre aparecieron referencias a obras o gestos de vocación social, adjuntos a su actividad económica. TISOFT produce audiovisuales y apoya a niños con discapacidad en el dominio de herramientas informáticas; INCO participa activamente en el apoyo de la sociedad de descendientes caribeños de su urbe, mientras que REDIS afirma ofrecer propuestas “justas” a sus clientes.

“Yo no quiero hacerme rico expoliando a las empresas y estoy además por sustituir importaciones”, asegura el diseñador Argudín, quien describe que en sus negociaciones propone aprovechar los recursos inmovilizados en los almacenes de sus clientes, como materia prima para un trabajo que luego ofrece a menor precio.

Las dificultades para conseguir reconocimiento legal como cooperativas a estas y otras iniciativas de emprendimiento, podrían estar expresando resistencias y temores a otorgarle a la economía no estatal un mayor peso en el conjunto de la economía.

Los nuevos equilibrios y posibles encadenamientos entre las diversas formas de gestión y propiedad son, entre muchos, uno de los grandes retos de las reformas económicas en Cuba. Pero una cosa es lo declarado y otra lo que se va constatando en la práctica. Las autoridades no parecen tener apuro para soltar ciertas riendas.