Ratifica sentencia contra Alan Gross
Redacción IPS Cuba
HAVANA TIMES, 5 agosto – El Tribunal Supremo Popular de Cuba desestimó la impugnación de su sentencia presentada por el ciudadano estadounidense Alan Gross, condenado a 15 años de prisión por delitos “contra la independencia o la integridad territorial” de este país caribeño.
El sitio web oficial Cubadebate informó este viernes que en su resolución definitiva, ese máximo órgano judicial rechaza “de manera argumentada” los elementos de inconformidad expuestos por el acusado y su abogada contra la decisión del tribunal provincial que lo juzgó y sentenció en marzo pasado.
En el juicio oral y público celebrado en marzo se demostró que Gross introdujo en Cuba, de manera ilegal, medios de infocomunicaciones para crear redes internas, como parte de un programa del Gobierno de los Estados Unidos dirigido a promover acciones desestabilizadoras en el país y a subvertir el orden constitucional cubano, recordó la nota de Cubadebate.
Según la fuente, el acusado y la letrada tuvieron la oportunidad de exponer sus argumentos de forma directa ante los jueces que conocieron del caso durante la vista pública concedida por el Tribunal Supremo el pasado 22 de julio para revisar la apelación del estadounidense.
Agregó que durante la tramitación del asunto, Gross contó con todas las garantías y derechos sobre el debido proceso judicial previstos en la Constitución, las leyes cubanas y los instrumentos internacionales relativos a estos temas.
“En tal sentido, ha recibido el tratamiento decoroso y humanista que corresponde, tal como el propio Gross ha reconocido expresa y públicamente en reiteradas ocasiones”, recalcó. El reporte citó entre esas garantías el contacto sistemático con sus familiares y el acceso regular a la asistencia y atención por parte de funcionarios consulares de la Oficina de Intereses de los Estados Unidos en La Habana.
Cuando fue detenido en Cuba el 3 de diciembre de 2009, Gross, de 62 años, trabajaba para Development Alternatives (DAI), una empresa con sede en Bethesda, al norte del distrito de Washington, dedicada a ejecutar proyectos de desarrollo en otros países y que es contratada, entre otros, por la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional (Usaid).
Durante el juicio el acusado reconoció haber sido utilizado y manipulado por la Usaid, subordinada al Departamento de Estado (cancillería) de Estados Unidos, de acuerdo a fuentes judiciales cubanas.