Un penoso desenlace

Osmel Ramírez Álvarez

HAVANA TIMES – En varios trabajos he tratado asuntos vinculados a la cooperativa a la que pertenezco (CCS Desembarco del Granma, de Mayarí) y las problemáticas de los campesinos. Pero en el más reciente, titulado Nada más parecido al país que una cooperativa, abordé las irregularidades electorales y las acusaciones de corrupción que tienen lugar.

La principal queja la hizo Lilisé Ricardo Rodríguez, exrepresentante de la ANAP (Asociación Nacional de Pequeños Agricultores) en la CCS (cooperativa de crédito y servicios), con 28 señalamientos de irregularidades, mediante una carta enviada a todas las instancias. El pasado día 23 de mayo tuvo lugar una reunión especial de la ANAP provincial y municipal con los socios para dar respuestas y tomar determinaciones.

Demoraron siete meses en decidir intervenir y es evidente que solo la han hecho porque otras quejas le han sucedido, exigiendo actuar, incluso una recientemente con numerosas firmas de campesinos que manifestaron ser robados en sus créditos.

El jurídico de la ANAP provincial dirigió la reunión y fue el dueño de la escena. Fue “juez y fiscal” del amañado juicio a la dirección de la cooperativa. Si comparamos la corrupción en la CCS con un iceberg, allí solo se trató la parte sobre el agua, el resto tres veces mayor no se tocó. Pero lo dicho era suficiente para encarcelar a la económica y a la presidenta. Sin embargo, el jurídico, “un hombre de leyes”, minimizó las violaciones argumentando algo difícil de creer: “Que no se echaron ni un centavo al bolsillo”, que tan solo “actuaron mal”.

Solo les contaré algunas de las irregularidades allí descartadas:

• Durante 5 años, pero solo auditado el pasado, extrajeron libremente dinero de la cuenta sociocultural (fondo común de los socios), violando la norma establecida, sin acuerdo previo con los socios.
• El dinero, en parte significativa, estaba justificado con tareas y gastos que no están autorizados por normativa, a pagarse con esa cuenta, de dudosa comprobación al pasar el tiempo.
• La dirección de la cooperativa usó un contrato con una empresa constructiva para prestar un servicio, al parecer una placa de hormigón a una casa particular, por valor de 6 mil pesos, mediado por un productor particular de vino, que en la calle tiene un valor 5 veces mayor. Dicen que fue por caridad. Pero no se aprobó en la Asamblea como debe ser, ni se le propuso para beneficio de ningún socio, de los muchos con problemas de vivienda.
• El mencionado productor de vino tiene un negocio muy próspero, pero sin pedir acuerdo a la asamblea de socios, de la cual él es asociado, las directiva le condonó el pago del 2% de aporte a la cuenta sociocultural que todos pagamos. Supuestamente por caridad también.
• La presidenta le hizo un contrato a su hijo como custodio, ganando más del doble de su propio salario, que por norma es el mayor. Todo sin aprobación de la asamblea, como está establecido.

Había varias denuncias de problemas con los créditos, pero el jurídico se negó a debatirlos en ese momento, porque, según argumentó, “estaban en evaluación todavía” y “luego se resolvería”. Repitió varias veces que pedía “la separación definitiva del cargo de la presidenta y la económica”, pero al mismo tiempo repetía que “ellas no han robado nada, no han perjudicado a la cooperativa”.

Tres o cuatro campesinos, amigos de la presidenta y claramente preparados con antelación para pedir la palabra primero, trataron de minimizar la gravedad de los hechos. Frases como: “Erraron por desconocimiento”; “lo que les faltó fue experiencia”; “no se puede destruir a las personas y olvidarse de lo bueno que han hecho”. El objetivo era influir en el auditorio y neutralizarlo.

Cualquiera creería que la dirección política de la ANAP provincial y municipal, así como el jurista, todos militantes del Partido con numerosos cursos políticos, deberían salirle al paso al conformismo con la corrupción y explicar a esas personas cuán graves son esas fallas, que más que errores son delitos punibles. Pero no fue así.

Parecía una confabulación orquestada. Consintieron y la votación fue 24 a favor y 30 en contra. La sanción entonces fue la menor posible: 6 meses fuera de sus cargos. La presidenta del Consejo Popular, que estaba presente, primero pidió la palabra pero cuando finalmente se la dieron, ya viendo la forma en que se hizo todo, decidió no hablar y se marchó indignada. Ella recibe numerosas quejas diariamente de la cooperativa y conoce bien la gravedad de su funcionamiento.

Ha sido una pelea larga de un grupo de campesinos contra la corrupción. Hubo varios que se pararon y dijeron lo que pensaban con valentía, pidiendo la separación total. Otros ante el complot irónicamente expresaron: “Si ustedes aseguran que no han robado nada, entonces déjenlas donde están”.

Fue un show muy interesante, pero fue un triunfo grande contra la corrupción obligarlos a llegar a este punto, tras siete meses intentando “pasar la toalla”. Tanto el Gobierno local como los más perjudicados presentaron recientemente sus quejas ante la Fiscalía en Mayarí y están a la espera de una auditoría.

Veremos si finalmente se profundiza en el problema y la verdad sale a flote. Todavía queda pendiente si se restablecerá a Lilisé, la denunciante, en su puesto de trabajo, del que quedó fuera por no entrar en contubernio con los corruptos.